Aunque dados los antecedentes del caso era previsible que las fuerzas gubernamentales no escatimarían esfuerzos para acelerar la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas, la relativa facilidad con que está a punto de consumarse esa nueva agresión a la democracia ha dejado a las fuerzas opositoras sumidas en el estupor.

Los antecedentes a los que nos referimos tienen dos vertientes. Por una parte, los que han ido acumulándose desde hace más de doce años atrás, cuando el Movimiento al Socialismo, respaldado por una contundente mayoría electoral renovada y otra vez, comenzó a rediseñar el escenario político a su medida. Siempre tuvo como principal elemento orientador la reproducción ilimitada del control monopólico del poder. Y en función a ello actuó con innegable eficiencia y eficacia.

La segunda vertiente de la que se nutrió y se sigue nutriendo ese imparable caudal de poder político dirigido en una sola dirección, es la absoluta y total incapacidad de las principales fuerzas opositoras para ofrecer alguna resistencia eficaz.

Más de doce años de continuos fracasos se plasman en la pequeñez las organizaciones existentes, en la debilidad de los liderazgos y la inconsistencia de las propuestas alternativas.

Es verdad que ha habido alguna que otra excepción, como los exitosos casos de Soledad Chapetón en El Alto, Juan del Granado y Luis Revilla en La Paz después o Rubén Costas en Santa Cruz. Pero, precisamente porque son excepcionales, no alcanzan para modificar el rasgo central de las fuerzas opositoras que es su incapacidad para articular una respuesta proporcional al desafío que tienen al frente.

En tales circunstancias y con esos antecedentes, es natural que una especie de pánico haya cundido a todo lo ancho del amplio abanico que componen las muy diversas corrientes de oposición. Primera reacción que cuenta como un primer éxito de la flamante fórmula masista.

No será fácil evitar que tan hábil jugada tenga efectos devastadores sobre las fuerzas opositoras. Peor aún si se considera que uno de los efectos de la nueva ley será llevar a su máximo nivel de aceleración el calendario electoral.

Es tan rudo el golpe se pretende asestar a la institucionalidad democrática, que vale la pena extremar esfuerzos para evitar que se consume. Sin embargo, y sin renunciar a toda forma disponible de resistencia, lo más sensato y prudente es concentrar esfuerzos en minimizar los daños. Eso significa dar a cada día del calendario electoral el valor de una batalla que no se puede perder.