Luego de que la justicia restableciera una orden de aprehensión en su contra por delitos sexuales a una menor de edad, mediante su cuenta de X (ante twitter) el expresidente Evo Morales anticipó una “revolución judicial”, si retoma al poder en las próximas elecciones de agosto de este año.

El anunció de Morales surge después de que el juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dejó sin efecto la resolución emitida por la jueza de Santa Cruz Lilian Moreno, quien había anulado la orden de aprehensión contra Morales.

En su cuenta de X (antes Twitter) el exjefe de Estado dijo que, en caso de retornar al poder, impulsará una “Revolución Judicial” para reformar profundamente el sistema de justicia en Bolivia, al que calificó de estar controlado por “una dictadura de jueces de facto”.

En su mensaje, Morales planteó que el nuevo proceso será liderado por juristas “capaces y decentes” que deberán reconstruir todo el sistema judicial boliviano bajo los principios de eficiencia técnica, respeto constitucional y valores éticos como “no robar, no mentir y no ser flojos”, en alusión al mandato ancestral de los pueblos originarios.

“Los jueces y fiscales deberán ser técnica y legalmente eficientes”, escribió el exmandatario, quien también mencionó como modelo a seguir al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, a quien calificó como un abogado que dignifica la profesión.

Morales arremetió contra los actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a quienes acusó de haberse “autoprorrogado” en sus cargos y de eliminar la facultad de fiscalización parlamentaria.

“Bolivia no puede seguir soportando la dictadura de jueces de facto”, denunció, asegurando que muchos dictan resoluciones “según los intereses oscuros del gobierno”.

El revés judicial cayó como un balde de agua fría para el evismo que busca habilitar como candidato a la exautoridad que es acusado de un delito de violencia sexual contra una menor de edad en Tarija.  El delito se produjo, según la denuncia formal, cuando Morales ejercía como presidente de Bolivia.