Las interpretaciones más relevantes emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) autoprorrogado no solo configuran desviaciones jurídicas, sino que constituyen una ruptura estructural con el proyecto político, social e institucional que dio origen a la Constitución de 2009. Lejos de fortalecer el proceso de transformación democrática, las decisiones de este TCP han generado consecuencias negativas que minan el pacto constitucional y traicionan el mandato popular de construir un Estado Plurinacional basado en la descolonización, la justicia social y la autodeterminación de los pueblos.

Desde una perspectiva social, el accionar del TCP ha deteriorado profundamente la confianza ciudadana en el sistema de justicia. La autoprorrogación no fue validada por ningún proceso participativo ni refrendada por la voluntad soberana del pueblo. Esta desconexión entre poder judicial y la ciudadanía ha alimentado un clima de escepticismo, desafección y rechazo generalizado hacia las instituciones estatales. Para los sectores históricamente marginados —pueblos indígenas, mujeres, diversidades sexuales, trabajadores precarizados— el TCP ha dejado de ser un garante de sus derechos para convertirse en un órgano distante, elitista y funcional al poder político de turno.

Desde la dimensión política, el TCP autoprorrogado ha operado como un dispositivo de legitimación de prácticas autoritarias. Al avalar la permanencia de sus miembros más allá del mandato constitucional, y al emitir fallos con evidente sesgo ideológico, se ha convertido en un actor político que interfiere en la correlación democrática de poderes. Esta subordinación desdibuja la independencia judicial y convierte al Tribunal en una herramienta para la estabilización de intereses partidarios, lo cual bloquea toda posibilidad de alternancia y vacía de contenido la soberanía popular. El constitucionalismo boliviano, que nació para romper con los mecanismos de dominación histórica, está siendo instrumentalizado para consolidar nuevos enclaves de poder centralista.

Institucionalmente, las consecuencias son aún más graves. La legitimidad del sistema constitucional se sostiene sobre la premisa de que quienes interpretan la Carta Magna lo hacen desde la legalidad y la legitimidad. La prórroga de funciones viola ambas. Este precedente pone en riesgo todo el sistema de justicia constitucional: crea incertidumbre sobre la validez de sus fallos, debilita el principio de legalidad, y genera un efecto cascada de inestabilidad institucional. Si el máximo intérprete de la Constitución no respeta los límites temporales de su mandato, ¿qué impide que otros órganos del Estado hagan lo mismo?

La responsabilidad histórica del TCP era consolidar un pluralismo jurídico liberador, cimentado en el respeto a la diversidad, la horizontalidad entre sistemas normativos y la democratización del poder. En su lugar, ha favorecido una lectura utilitarista de la Constitución, cerrando las puertas a la renovación democrática y traicionando los principios fundacionales del Estado Plurinacional.

En suma, el TCP autoprorrogado no solo ha fallado jurídicamente; ha fallado al país. Su permanencia ilegítima representa un retroceso profundo en la construcción de una Bolivia más justa, plural y democrática.