El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, ratificó este viernes que las elecciones generales en Bolivia se celebrarán el 10 de agosto de 2025, sin embargo, indicó que para este fin, es “imprescindible” que la Asamblea Legislativa sancione a la brevedad la ley de distribución de escaños. 

«Se prevé su realización para el 10 de agosto de 2025, la convocatoria será emitida hasta el 10 de abril a más tardar», dijo el presidente del TSE.

Añadió además que existe también la necesidad de revisar las actuales circunscripciones, en vista que se han detectado algunas anomalías que no pudieron ser subsanadas con motivo de la elección general del 2020.

«El artículo 15 de Ley 1266 del 24 de noviembre de 2019 dispuso que el proceso electoral del año 2020 debía realizarse con la delimitación de circunscripciones previamente publicadas por el Órgano Electoral de la gestión 2019».

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En su informe de gestión, Hassenteufel exhortó al presidente del Estado a convocar a un gran encuentro nacional para que a la brevedad posible convoque a todas las fuerzas políticas, líderes nacionales, presidentes de los tribunales Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional además de las cámaras de Senadores y Diputados, en el cual se pueda abordar algunos temas relacionados con la próxima elección general.

Dijo que en este encuentro se deber garantizar que todos los actores políticos y autoridades electas “respeten” las decisiones que asuma el TSE, en los temas estrictamente electorales. Además, pidió asumir el compromiso de respetar a plenitud el principio de preclusión.

Hassenteufel indicó que se debe tener el compromiso del Órgano Ejecutivo de otorgar el presupuesto suficiente al Órgano Electoral para que este pueda desarrollar un sistema de transmisión de resultados preliminares “absolutamente” confiables, o en su caso, contratar los servicios de alguna empresa que realice el trabajo.

También, resaltó que el garantizar los recursos para hacer efectivo el voto de los ciudadanos bolivianos que residen en el exterior y concertar alguna solución “rápida” para garantizar que los vocales nacionales y departamentales del Órgano Electoral puedan desarrollar sus funciones con tranquilidad.