La sentencia que analiza el TCP responde a una acción de inconstitucionalidad abstracta (AIA) promovida por los diputados Leonardo Fabián Ayala Soria y José Carlos Gutiérrez Vargas (ambos de Creemos) a través de la cual solicitan declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 381 de Aplicación Normativa y de la Ley 026 de Régimen Electoral. Estas normas establecen la reelección por una sola vez de manera continua.

Además, exigen no tomar en cuenta el carácter vinculante de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que dejó establecido que la reelección no es un derecho humano.

La información sobre la sesión de Sala Plena de nueve magistrados para tratar este recurso fue confirmada a CORREO DEL SUR por fuentes confiables. La AIA ingresó al TCP el 13 de diciembre de 2024, según la página web de la institución. Un grupo de tres o cuatro de las nuevas autoridades estaría intentando rehabilitar a Morales para las próximas elecciones.

Durante la jornada de este martes circularon rumores que daban cuenta de que en el TCP discutían la posible habilitación de Morales. El abogado constitucionalista Williams Bascopé publicó en su cuenta de Facebook que “los autoprorrogados y algunos (magistrados) recién electos estarían a favor de habilitar a Evo Morales a cambio de consolidar su autoprórroga y tener cargos altos dentro del Poder Ejecutivo”.

Sin embargo, esa versión fue rechazada por algunos tribunos, que no obstante admitieron que ese recurso estaba siendo tratado en una sala plena.

Por otro lado, la red DTV, de Santa Cruz, reveló que la magistrada por Oruro Paola Prudencio “estaría presionando a sus colegas magistrados” a nombre del alcalde de ese departamento, Ademar Vilcarani Morales, primo del expresidente Morales, para que este sea habilitado como candidato a la presidencia.

Esa versión también fue rechazada por la magistrada aludida a través de una ‘Aclaración ante la Opinión Pública’. “Rechazo y niego cualquier sindicación de respaldo en pro o en contra de cualquier actor de orden político en esta coyuntura previa a las Elecciones Nacionales de agosto de 2025”, publicó la autoridad en ese documento.

Este periódico conoció anoche, antes del cierre de  su edición, que había posiciones divididas entre los magistrados: unos, habrían optado por cerrar las puertas a la posibilidad de la reelección, mientras que otros se negarían a firmar el proyecto de sentencia que busca inhabilitar a Morales.