Medio: El Deber
Fecha de la publicación: lunes 12 de mayo de 2025
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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Se viene una semana intensa en materia política. Uno de los episodios más relevantes de todo proceso electoral es la inscripción de candidaturas, lo que implica la formación de binomios presidenciales y la presentación de listas de candidatos a diputados uninominales, plurinominales y senadores.
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Se viene una semana intensa en materia política. Uno de los episodios más relevantes de todo proceso electoral es la inscripción de candidaturas, lo que implica la formación de binomios presidenciales y la presentación de listas de candidatos a diputados uninominales, plurinominales y senadores. Es una tarea compleja. Las organizaciones políticas deben resolver aspiraciones personales, disputas económicas, presiones regionales, entre otros factores. A esto se suma el cumplimiento obligatorio de la paridad y equidad de género.
En ese contexto, cobra especial relevancia la selección del postulante a la Vicepresidencia del Estado. Es, o debería ser, una decisión fundamental, porque se trata no solo del servidor público que reemplazará al presidente en caso de ausencia temporal, renuncia o muerte. Es más que eso: se trata de un articulador político que tendrá sobre sus hombros la conducción de la Asamblea Legislativa Plurinacional; un ciudadano con cultura de diálogo y concertación, capaz de liderar un escenario en el que está representada toda la ciudadanía, y no solo una bancada oficialista.
Desde 1982, ocho ciudadanos han ejercido el cargo y no todos le han hecho honor a la alta responsabilidad. Tal vez porque aún persiste el pensamiento de que el vicepresidente es “la quinta rueda del carro”, frase popularizada por Juan Lechín Oquendo en 1960, cuando rechazó ser el acompañante de fórmula de Víctor Paz Estenssoro.
Jaime Paz Zamora, fundador y jefe del MIR, fue el primer ciudadano en ejercer la Vicepresidencia tras la recuperación de la democracia. Tuvo ministros en el gabinete de Hernán Siles Suazo, pero no dudó en entrar y salir de la coalición de un gobierno que tuvo que lidiar con la peor hiperinflación de la historia. Al final, negoció el recorte del mandato de la UDP a condición de ser habilitado —de forma inconstitucional— como candidato presidencial.
Entre 1985 y 1989, el cargo fue ejercido por Julio Garrett Ayllón, un movimientista de larga trayectoria que dirigió el Parlamento durante el complejo proceso de reformas estructurales destinadas a recuperar la economía y fortalecer la democracia. Posteriormente, ocupó el cargo Luis Ossio Sanjinés (1989-1993), un intelectual demócrata cristiano que llegó mediante el espurio Acuerdo Patriótico, pero que ejerció el mandato con sobriedad y profunda vocación democrática.
Entre 1993 y 1997 fue el turno de Víctor Hugo Cárdenas, el primer indígena originario elegido por voto popular. Su aporte a la campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada fue crucial, pues el expresidente era fuertemente cuestionado por su acento extranjero y su distancia con los sectores populares. Más allá de ese elemento proselitista, Cárdenas tuvo un rol fundamental en la aprobación de leyes clave como la Ley INRA, la Ley de Participación Popular y la Ley de Capitalización, con todas sus luces y sombras.
Jorge Quiroga Ramírez, vicepresidente entre 1997 y 2001, impuso un perfil tecnocrático. Promovió la profesionalización del sector público y apoyó reformas constitucionales que más adelante darían origen a instituciones fundamentales como el Defensor del Pueblo y la elección de prefectos. Carlos Mesa asumió el cargo en 2002. Su paso por la Vicepresidencia dejó pocos recuerdos. La relación con el presidente que lo llevó al poder fue tensa desde el inicio, y terminó en ruptura en 2003. Paradójicamente, pese a haber sido vicepresidente, mostró escaso vínculo con el Parlamento durante su gestión como presidente.
Los últimos dos vicepresidentes han sido Álvaro García Linera y David Choquehuanca —actualmente en el cargo—. García Linera acumuló un poder desproporcionado y participó activamente en hechos controvertidos, como el montaje del caso Terrorismo y la persecución política. Choquehuanca, por su parte, ha sido —y es— simple y llanamente intrascendente.
Queda claro, entonces, que un buen vicepresidente ha sido y sigue siendo fundamental para la salud democrática del país. Por ello, es imprescindible que se postulen personas idóneas e intachables. Se trata de fortalecer un pilar de la institucionalidad democrática, y no de llenar una casilla electoral sin contenido. Es urgente actuar con responsabilidad, y no al calor de la tan conocida mediocridad de la política boliviana.
