La precariedad y fragilidad de los partidos en Bolivia es una faceta más de crisis múltiple por la que atraviesa el país. Las organizaciones políticas, instituciones fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático, exhiben un proceso de deterioro que no hace sino empeorar. Todos presentan estructuras debilitadas, dominadas por lógicas caudillistas y sin capacidad para cumplir su función de representación ciudadana. Tres expertos con amplia trayectoria en el ámbito político boliviano analizan las causas y consecuencias de este fenómeno, así como posibles soluciones para revitalizar un sistema de representación que amenaza colapsar.

Evolución de los partidos

El politólogo José Luis Exeni, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y actual coordinador de proyectos de la Friedrich Ebert Stiftung (FES) en Bolivia, presenta una mirada histórica sobre el devenir de los partidos políticos en el país. «En democracia (después de 1982) hemos tenido solo dos sistemas de partidos. Después de la difícil transición con mucha fragmentación, hemos tenido el sistema de partidos de la democracia pactada, que era un sistema de pluralismo moderado con tres partidos sistémicos (MNR, MIR y ADN) y dos neopopulistas (Condepa y UCS) que hicieron alianzas entre ellos». Este sistema, vigente entre 1985 y 2005, «colapsó» para dar paso a «un sistema de partido predominante donde realmente el único que contaba era el MAS».

Este segundo sistema, caracterizado por el predominio del Movimiento al Socialismo (MAS), se extendió desde 2005 hasta el presente, periodo durante el cual el partido de Evo Morales logró «penetrar» en el sistema político y obtener «mayoría especial en la asamblea» desde 2009. Sin embargo, en la actualidad, Bolivia se encuentra en «un momento de quiebre y de colapso del sistema de partidos», dice Exeni, y anticipa que «seguramente nos vamos a un momento de recomposición del sistema de partidos, ya no habrá partido predominante por lo que ha pasado dentro del MAS».

El panorama actual muestra un sistema partidario fragmentado y debilitado. De los catorce partidos habilitados con personería jurídica, «en rigor, la mayoría de esos o son residuales o son marginales o no sabemos qué son», afirma el comunicador y politólogo. Apenas cuatro partidos cuentan con «una estructura presidencial territorial»: el MAS, Movimiento Demócrata Social, Unidad Nacional y Movimiento Tercer Sistema. A ellos se suman «partidos residuales de la democracia pactada» como el MNR, y nuevas formaciones como Súmate, Nueva Generación Patriótica y Morena, «que no sabemos bien cómo van a ser parte de un nuevo sistema».

Siglas y no partidos

Alberto García, politólogo con amplio trabajo en temas de fortalecimiento democrático, señala que la idea de un sistema de partidos fuertes como pilar de la democracia ha quedado en entredicho en el país. «Creo que en el fondo esta idea muy normativa que ha sido muy promovida por analistas e investigadores, de que el sistema de partidos es la panacea de la democracia, que eso es lo fundamental, creo que ahora no hay un sistema de partidos bajo esa mirada normativa», sostiene.

Para el sociólogo, con excepción del MAS en términos de cantidad de militantes, «no hay vida partidaria» en las organizaciones políticas bolivianas. «Son meras siglas», afirma, que «no cumplen ninguna función de generar liderazgos, de construir programas, de deliberación, todo aquello que se atribuye a los partidos políticos no existe». Las excepciones son escasas: el MAS, que mantiene cierta estructura debido a su vínculo con «organizaciones sindicales, campesinas»; y en menor medida Unidad Nacional y Demócratas, que «sí hacen alguna vida partidaria».

La mayor parte de las formaciones políticas bolivianas son «siglas para prestar», que sólo cobran vida «cuando ya está cerca algún proceso electoral». García describe un panorama desolador: «para la elección de directivas se reúnen 50 personas, como máximo, ahí eligen directivas que a veces son hasta familiares». En este contexto, los partidos «ya no aportan a nada, sino más bien a generar estas ofertas en el mercado electoral» que caracterizan a los denominados “taxi partidos”.

Caudillismos

Gustavo Pedraza, abogado, excandidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana (CC) y exdirector de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM), profundiza en la naturaleza actual de la debilidad organizacional. «Los partidos deberían ser instituciones sólidas, deberían remitirse a lo que las leyes, las normas de participación democrática establecen», pero «eso es lo que menos hay», señala.

Según Pedraza, las organizaciones políticas «cumplen las normas por formalidad», por ejemplo, en lo referente a «la elección y renovación de los directorios», pero «no lo hacen por vocación, cuando debería ser una organización dinámica, con bases territoriales, con inclusión social». En su lugar, prevalece un modelo patrimonialista: «cada partido tiene el caudillo, tiene dueños, si no es un individuo, una familia».

El abogado ejemplifica esto con el caso de un partido cuya personería jurídica «estaba a nombre de un matrimonio». Ahora que «el matrimonio está en crisis», el partido también. Esto expone «de una manera ilustrativa cuál es la naturaleza de los partidos» en Bolivia actualmente.

Este predominio del caudillismo tiene consecuencias directas en la calidad democrática. «El caudillo por definición es un enemigo de las instituciones», afirma Pedraza. «Es un enemigo de la regulación, porque actúa por definición individual, propia. Y no accede, no permite la participación, la deliberación democrática». Esto genera un círculo vicioso del cual las organizaciones no pueden salir.

El rol del financiamiento

Un factor relevante en la crisis de los partidos bolivianos es la ausencia de financiamiento adecuado para su fortalecimiento institucional. Aunque existe un marco legal que contempla el apoyo a estas organizaciones, su implementación ha sido deficiente.

Alberto García explica que la legislación boliviana prevé dos tipos de financiamiento público indirecto: uno para el periodo electoral, que «financian las campañas en medios de comunicación a los partidos políticos en función de ciertos criterios, que hayan participado en la última elección, que hayan obtenido representación», y otro para el periodo no electoral, «para financiar talleres, capacitación, etcétera, para el fortalecimiento interno de los partidos». Sin embargo, mientras el primero «está vigente» y «ha funcionado», el segundo «nunca se ha entregado», lo que ha limitado las posibilidades de desarrollo institucional de las organizaciones políticas.

A esta carencia de recursos estatales se suma la drástica reducción del apoyo de la cooperación internacional. García recuerda que «de todas esas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que había en Bolivia, que en la primera década del siglo XXI trabajaban de manera directa o indirecta con partidos políticos o con organizaciones sociales, todo eso prácticamente ha desaparecido al presente». Actualmente, señala, «no hay ningún financiamiento de cooperación internacional dirigido al fortalecimiento de los partidos políticos».

No obstante, los tres entrevistados coinciden en que, si bien el financiamiento es importante, no es la única solución al problema. José Luis Exeni sostiene que «la primera línea de fortalecimiento de los partidos empieza por los propios partidos, que deben tener mecanismos para generar recursos propios a través de aportes de su utilidad, desde actividades de otro partido». El rol del Estado vendría «a través de su fortalecimiento público», y «en tercera línea la cooperación internacional».

«Yo creo que mal haríamos en hacer depender la democratización, el fortalecimiento del partido, solo o principalmente la cooperación», afirma Exeni, quien considera que el apoyo internacional «es importante, pero no es lo esencial».

En la misma línea, Gustavo Pedraza señala que «está bien que el Estado invierta, pero que exija, a través de la principal institución que es el TSE». Para él, «tiene que haber inversión pública, porque los partidos son las venas de la participación social en el campo político», y los fondos deberían destinarse «para la formación ciudadana en el campo de la política, la participación, la realización de reuniones, talleres, asambleas territoriales y otras actividades».

El partido-Estado

Los entrevistados señalan que el deterioro institucional de los partidos bolivianos no puede entenderse al margen del ciclo político de las últimas dos décadas, marcado por el ascenso y consolidación del MAS como fuerza hegemónica.

Pedraza afirma que estos veinte años de partido predominante en el nivel nacional ha resultado en la consolidación del MAS «como un partido que controla el Estado». Este proceso ha «ido destrozando toda institución que se pone al frente, incluida las cooperaciones internacionales críticas, que se han ido de Bolivia o han sido expulsadas». El resultado ha derivado en que “se ha frenado cualquier desarrollo de organizaciones políticas alternativas”.

Sin embargo, el exdirector de la fBDM advierte que este modelo de «partido-Estado» también está en crisis porque “llegó a su límite». En su opinión, «el momento actual es el más crítico de los últimos 20 años. Ya colapsó el partido único, ya colapsó el partido Estado».

En este contexto, emergen «intentos de reciclaje, de renovación», como el que encabeza «Andrónico Rodríguez, que pretende proyectar un neomasismo apartado del gobierno, apartado del viejo masismo de Evo Morales y de Luis Arce Catacora».

Desafíos de la representación

Ante este panorama de crisis, los expertos identifican varios desafíos pendientes para reconstruir un sistema de partidos institucionalizado y representativo en Bolivia.

José Luis Exeni señala tres tareas fundamentales: primero, «institucionalización del sistema de partidos»; segundo, «democratización interna de sus partidos», que «sigue siendo una asignatura pendiente a la democracia»; y tercero, avanzar hacia «un sistema de partidos democrático, intercultural y paritario».

Para lograr estos objetivos, el expresidente del TSE considera necesario «un compromiso de los propios partidos por renovarse, por democratizarse, por institucionalizarse», así como «contar con apoyo estatal que puede ser financiero o no financiero». Aunque descarta volver «a la lógica de financiar a los partidos, darles dinero», sí defiende la implementación efectiva del «fortalecimiento público para los partidos que se expresa en propaganda, en elecciones y, en años no electorales, en promoción de capacitación, formación, investigación».

Por su parte, Gustavo Pedraza propone «priorizar la organización territorial» como estrategia de renovación partidaria. «El partido tiene que cambiar del modelo verticalista, que viene de arriba abajo, al campo territorial», afirma. Para ello, es necesario construir «estructuras orgánicas que se basen en el territorio, en la participación ciudadana en cada una de las regiones y territorios del país», superando «el corporativismo tradicional» que ha caracterizado la organización política boliviana.

Crisis y oportunidad

La crisis actual del sistema de partidos en Bolivia representa tanto un riesgo como una oportunidad para la democracia del país. El colapso del modelo de partido hegemónico abre la posibilidad de una reconfiguración del sistema político que podría conducir a una mayor pluralidad y representatividad.

Sin embargo, este proceso de recomposición enfrenta obstáculos significativos. La debilidad institucional de las organizaciones existentes, la prevalencia de lógicas caudillistas y patrimonialistas, y la falta de recursos adecuados para el fortalecimiento partidario son desafíos que deberán superarse para construir un sistema de partidos que responda a las necesidades de representación democrática de la sociedad boliviana.

Como señala José Luis Exeni, “Bolivia se dirige hacia un momento de recomposición del sistema de partidos», que podría caracterizarse por «un espacio de pluralismo ya no moderado sino polarizado». En este contexto, el desafío será construir organizaciones políticas que, más allá de ser meras «siglas para prestar» en épocas electorales, funcionen como verdaderos instrumentos de representación y participación ciudadana, capaces de articular programas y generar liderazgos democráticos para el futuro del país.