Medio: El Día
Fecha de la publicación: jueves 30 de noviembre de 2017
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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El constitucionalista Carlos Alarcón y la oposición anuncian acciones judiciales para revertir la decisión tomada y otras en contra de los magistrados a cargo de avalar la repostulación de Morales y otras autoridades electas que ya estaban imposibilitadas para una nueva candidatura en el mismo cargo.
Medidas. Alarcón indicó que dentro de las tres vías jurídicas que tienen los bolivianos para evitar la reelección, dos de ellas son a nivel internacional y solo una acción podría aplicarse a nivel nacional.
La primera vía, es elevar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la violación a los derechos humanos de los bolivianos. Alarcón recordó que este organismo internacional ya tiene conocimiento sobre la situación en Bolivia.
La segunda vía es presentar una demanda ante la Organización de Estados Americanos (OEA), por la vulneración a la Carta interamericana democrática, argumentando que con el fallo del TCP en Bolivia se rompió la democracia. "Independientemente de cómo y cuánto tiempo tarde en resolverse estas denuncias, es necesario poner a Bolivia ante los ojos del mundo, para que se sepa que aquí intentan vulnerar los derechos de los ciudadanos por un capricho de perpetuidad", manifestó.
Y la tercera vía para activarse a nivel nacional, está enfocada en la presentación de un memorial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el que se exhorte la aplicación del resultado del 21 de febrero del 2016, del no a la reelección, antes de aplicar el fallo del TCP, basado en lo establecido en el Código Procesal Constitucional vigente.
Indicó que para esto, se debe anexar en el memorial, la mayor cantidad de firmas de ciudadanos que exigen el respeto a su voto del 21F. "La idea es que los vocales hagan cumplimiento a esta norma y se priorice la decisión del pueblo, porque fue una expresión y decisión, antes de que saliera el fallo. Lo correcto es que los vocales electorales apliquen el fallo a partir de las elecciones del 2024 en el caso de elecciones generales", explicó el constitucionalista.
Especialistas. A propósito del fallo del TCP que está enfocado en priorizar lo establecido en el artículo 23 de la Convención Interamericana y no en la Constitución Política del Estado (CPE), el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aclaró que dicho artículo no hace referencia a la permanencia indefinida de un jefe de Estado en el poder. "En realidad, el Artículo 23 de la Convención Americana de DDHH citado en sentencia del #TCP de #Bolivia no contempla derecho a perpetuarse en el poder. Además, la reelección presidencial fue rechazada en referéndum por voluntad popular en #21F de 2016", dijo Almagro mediante su cuenta de Twitter.
En su momento, también la Federación Interamericana de Abogados (FIA), se pronunció en contra de la acción presentada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para viabilizar la reelección de Morales.
Según el documento resolutivo de la FIA, en primera instancia se condenó: “la pretensión de los actuales gobernantes del Estado Plurinacional de Bolivia para prorrogarse en el poder, desconociendo su propia Constitución Política del Estado y la voluntad del pueblo boliviano, con carácter vinculante, expresada en referéndum de 21 de febrero de 2016”
Y en segundo punto condenó la "utilización del Pacto de San José que es un instrumento para proteger los derechos de los ciudadanos y no de los gobernantes en ejercicio de funciones".
Países que aprobaron la reelección por medio de sus tribunales
1. Costa Rica
La Sala de magistrados de la Corte de este país, dieron luz verde a la reelección el 4 de abril del 2003. Militantes del entonces presidente Óscar Arias impulsaron el fallo.
2. Nicaragua
El 30 de septiembre del 2010, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aprobó la inaplicabilidad del artículo 147 de su Constitución que prohibía la reelección.
3. Honduras
La Corte Suprema de Justicia de Honduras, el 23 de abril del 2015, dejó sin efecto un artículo de su Constitución que prohibía la reelección presidencial en ese país.