En Bolivia, el poder sigue refugiándose en los símbolos del pasado. El relato oficial insiste en una historia inmutable, en una identidad étnica cerrada, en una concepción de nación más aferrada al mito que a la ciudadanía. Sin embargo, hoy, cuando el mundo se redefine a cada instante, esa visión encierra y no libera. Bolivia debe dar un paso adelante: salir del pasado y abrirse al mundo, con una mirada que combine libertad individual, pluralismo y modernidad.

El proyecto del Estado Plurinacional, concebido en su origen como una reparación simbólica e histórica, ha degenerado en una estructura etnocentrista que reduce al ciudadano a una identidad colectiva impuesta. Lo que debiera ser una celebración de la diversidad cultural ha acabado convirtiéndose en un sistema de compartimentos estancos desde los que se reparten privilegios, cuotas de poder y lealtades políticas.

Este modelo no solo ha fragmentado la noción de ciudadanía común, sino que ha legitimado prácticas autoritarias bajo el ropaje de la “democracia intercultural”. En nombre de lo indígena, se relativizan principios universales como el debido proceso, la libertad de expresión o la igualdad ante la ley. Y mientras tanto, determinadas élites manipulan las comunidades para consolidar un poder caudillista, tanto a nivel local como nacional.

No se trata de negar la pluralidad cultural, sino de superar su instrumentalización política. Bolivia necesita reconstruir su contrato social desde una base universal: el respeto a los derechos individuales, el Estado de derecho, una economía abierta con reglas claras y una democracia representativa ajena al esencialismo identitario.

Esto no implica rechazar lo indígena, sino integrarlo en un proyecto común respetuoso, pero no excluyente, libre y no esencialista. El liberalismo centrista representa esa vía intermedia: respeta las diferencias sin convertirlas en fronteras, defiende el mercado sin despreciar lo público y antepone la libertad a las etiquetas ideológicas.

La ciudadanía del siglo XXI no puede basarse en el origen étnico, sino en la igualdad ante la ley y el ejercicio responsable de la libertad individual. El acceso a la justicia, la representación política o los servicios públicos no debería depender del apellido ni del idioma materno, sino de la condición de ciudadano.

Abrirse al mundo no es claudicar ante lo extranjero, sino entrar en diálogo con él, aprender de sus aciertos y errores, y participar en sus redes de conocimiento, innovación y progreso. La modernidad no destruye las raíces; las libera de la instrumentalización ideológica.

La auténtica revolución pendiente en Bolivia no es simbólica ni meramente institucional: es constitucional. El modelo del Estado Plurinacional, ha degenerado en una estructura rígida, etnocéntrica y funcional al autoritarismo. Ya no basta con reformar leyes secundarias ni “corregir excesos”. Es necesaria una nueva Constitución, que reconstruya el pacto fundacional del país desde la ciudadanía plena, el pluralismo político y la modernidad democrática.

Una nueva Carta Magna debe reconocer la diversidad sin convertirla en una jerarquía, debe proteger los derechos colectivos sin anular las libertades individuales, y debe abandonar definitivamente el uso político de la identidad como herramienta de control social. Una Constitución en clave de convivencia política, republicana, integradora y abierta al mundo: esa es la reforma de fondo que Bolivia necesita para dejar de girar en círculos y empezar, de verdad, a avanzar.