Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: jueves 30 de agosto de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El alcalde José María Leyes, con detención domiciliaria desde hace cuatro meses por el caso mochilas, recurrirá ante un tribunal de garantías para que se le restituya el derecho al trabajo, políticos y de expresión. Asimismo, se querelló contra su exasesor Sergio Coca por la presunta comisión de los delitos de injuria, calumnia y difamación.
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El alcalde José María Leyes, con detención domiciliaria desde hace cuatro meses por el caso mochilas, recurrirá ante un tribunal de garantías para que se le restituya el derecho al trabajo, políticos y de expresión. Asimismo, se querelló contra su exasesor Sergio Coca por la presunta comisión de los delitos de injuria, calumnia y difamación.
“Estamos seguros que el amparo será procedente porque las vulneraciones son demasiado evidentes”, dijo el abogado Humberto Trigo.
Explicó: “Prueba de ello son justamente las declaraciones del ciudadano Sergio Coca, quien de manera temeraria ha vertido un sinnúmero de falsedades en contra del Alcalde a sabiendas de que éste no puede defenderse, porque está impedido por una orden judicial”.
La defensa de Leyes intentará que éste retome sus funciones después de que varios tribunales ordinarios decidieron mantener inalterables las medidas sustitutivas a la detención preventiva que fijó el juez Fernando Pérez, el 21 de abril, por la investigación del caso mochilas.
A su turno cada juez y vocal argumentaron para mantener la detención preventiva que aún persiste el riesgo de obstaculización de la investigación. La decisión tampoco es de agrado de la Fiscalía, de Transparencia y la Procuraduría que piden detención preventiva.
El 2015 José María Leyes ganó las elecciones, sin embargo, su aprobación bajó en el último año del 47 al 29 por ciento, según una encuesta de la empresa Ipsos.
Humberto Trigo dijo que presentará un amparo para que un tribunal de garantías restituya el derecho al trabajo de Leyes. “Él no puede trabajar, hay un derecho más en riesgo, que es su subsistencia”.
Querella
Un día después de que el exasesor Coca declaró ante los medios que el Alcalde se lavó las manos en el proceso de las mochilas al responsabilizar, en sus declaraciones en la Fiscalía, a los funcionarios, Leyes presentó una querella en su contra.
Trigo dijo que decidieron denunciar a Coca por “la mentira de que el Alcalde hubiera realizado ciertas aseveraciones en contra de los funcionarios cuando hizo su declaración informativa. Quiero aclararles que el Alcalde no prestó ninguna declaración, se abstuvo”.
Siguió: “Fíjense lo denigrante, se refiere a declaraciones de Padilla, a él no le consta, dice ‘yo no sabía nada’ y se refiere a una declaración para perjudicar al Alcalde y quiere llegar al desprestigio”.
En contacto con Los Tiempos, Sergio Coca manifestó ayer que asumirá su defensa en la instancia que corresponda y remarcó que se trata de un proceso particular.
Demócratas
El asambleísta Freddy Gonzales manifestó que luego de las declaraciones de Coca algunas personas les enviaron datos y fotografías sobre la supuesta cercanía del exasesor de Leyes con el grupo Simón Bolívar del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Gonzales dijo: “La gente nos manda fotos donde (Coca) estaba muy vinculado al partido de Gobierno antes y probablemente después (…), pero es una actitud más voluntaria del exasesor si define militar en un partido, nosotros queremos que respeten nuestra organización”.
Al respecto, Coca expresó que si quieren conocer sobre este tema, los Demócratas deberían pedir un informe al Tribunal Electoral.
Dos recursos legales. La defensa del alcalde José María Leyes recurrirá a un amparo y una querella para restituir sus derechos.
VICEMINISTERIO ALISTA UN AMPARO
El Viceministerio de Transparencia prepara un amparo constitucional para pedir que los casos Mochila I por la compra de material escolar en 2018 y Mochilas II por la adquisición de 2017 se tramiten por separado.
El representante del Viceministerio, Ever Veizaga, dijo el lunes que a su juicio la unificación de los casos es inaplicable, porque es contraria a la norma procesal.
“La juez (anticorrupción) en ningún momento ha amparado la determinación en las causales que prevé la acumulación de causas”, sostuvo. La Fiscalía denunció a la jueza Céspedes por prevaricato por haber unido las dos denuncias de las mochilas.
LA UNIÓN DE MOCHILAS I Y II HABILITA A LA JUEZ A PROCESAR A QUIENES LA DENUNCIARON
La decisión de la Sala Penal Primera de unir los casos Mochila I y II, notificada a las partes el pasado viernes, habilita a la jueza anticorrupción Sara Céspedes a iniciar procesos contra los fiscales que la denunciaron por prevaricato en junio por haber unido los dos casos, informó Trigo.
Otro abogado coincidió con el criterio de Trigo, porque la resolución de Sala Penal Primera respalda la decisión de la jueza y añadió que incluso la Fiscalía debería dictar el sobreseimiento contra la jueza.
En tanto, el asesor legal de la Asociación de Magistrados de Cochabamba, José Luis Zelada, expresó que sólo apoyaron a Céspedes cuando estaba aprehendida y actualmente desconoce el estado del proceso, pero, consideró “lógico” que analice acciones amparada en el fallo de la sala.
