El documento, titulado “Se incuba una profunda crisis de los Derechos Humanos en Bolivia”, revela un aumento alarmante de violaciones a los derechos ambientales, indígenas y de los defensores ambientales, en un contexto de crisis económica y extractivismo descontrolado. El informe destaca que las violaciones a los derechos humanos están directamente vinculadas a las actividades económicas prioritarias del Estado, como la minería aurífera y el agronegocio. Estas actividades, promovidas de manera “desesperada” por el gobierno para paliar la crisis económica, han generado un impacto devastador en el medioambiente y en los territorios indígenas.

Según el CEDIB, el 54% de los casos de vulneraciones están relacionados con la minería, mientras que el 56% están asociados al agronegocio y la mercantilización de tierras.

Uno de los sectores más afectados es la minería aurífera, que ha expandido su influencia en el país gracias a la desregulación y los privilegios otorgados por el Estado. A pesar de su importancia económica, este sector contribuye mínimamente a las arcas públicas, ya que solo paga el 2,5% del valor exportado legalmente. Además, la minería aurífera está vinculada a la contaminación de ríos, la deforestación y la destrucción de ecosistemas frágiles, lo que ha generado conflictos con las comunidades locales.

El agronegocio, por su parte, ha sido responsable de la expansión descontrolada de la frontera agrícola, impulsada por la deforestación y los monocultivos. En 2024, se estima que 12 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios forestales, muchos de ellos relacionados con prácticas agrícolas insostenibles. Estas actividades no solo han devastado el medioambiente, sino que también han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.

El informe del CEDIB también señala que el Estado boliviano ha tergiversado su rol como garante de los derechos humanos. En lugar de proteger a las comunidades y el medioambiente, el gobierno ha actuado como cómplice de las violaciones, ya sea por omisión o por participación directa. El 53% de los casos de vulneraciones identificados en el informe tienen al Estado como responsable, ya sea por acción o por complicidad.

Los defensores ambientales han sido particularmente afectados por esta crisis. En 2024, se registraron 25 casos de ataques contra defensores, principalmente en contextos de minería (64%) y agronegocio (32%). Estos ataques incluyen hostigamientos, amenazas, persecución judicial e incluso violencia física. Las comunidades locales y sus líderes son las principales víctimas, representando el 42% de los casos.

La minería aurífera, en particular, ha sido un foco de conflictos. Los mineros, muchas veces operando bajo el amparo del Estado, han invadido territorios indígenas y áreas protegidas, generando tensiones con las comunidades que defienden sus tierras. El informe destaca que la Ley 535, elaborada por los propios mineros, ha erosionado la institucionalidad del Estado y otorgado privilegios inconstitucionales a este sector.

En el ámbito del agronegocio, la expansión de la frontera agrícola ha sido impulsada por políticas estatales que favorecen la deforestación y la mercantilización de tierras. Estas prácticas han generado una ola de incendios forestales y han desplazado a comunidades indígenas y campesinas. El informe critica la falta de regulación y control por parte de instituciones como el INRA y la ABT, que han sido debilitadas sistemáticamente.

El sector hidrocarburífero también ha sido escenario de violaciones a los derechos humanos, particularmente en la Reserva Natural de Tariquía. Las comunidades que se oponen a la exploración petrolera en esta área han enfrentado hostigamientos, divisiones internas y procesos judiciales impulsados por empresas estatales como YPFB y Petrobras. Estas acciones han sido respaldadas por el gobierno, que ha utilizado tácticas de criminalización para silenciar a los defensores ambientales.

El informe del CEDIB concluye que la situación de los defensores ambientales es un indicador clave de la crisis general de los derechos humanos en Bolivia. El Estado, lejos de cumplir su rol de protector, ha actuado como cómplice de las violaciones, poniendo en riesgo la vida y los territorios de las comunidades indígenas y campesinas. Esta situación ha llevado a una erosión de la institucionalidad democrática y a un retroceso en la garantía de los derechos humanos.

En un contexto de crisis económica y política, el gobierno boliviano ha priorizado el extractivismo y el agronegocio sobre los derechos humanos y la protección del medioambiente. El informe alerta sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para revertir esta tendencia y proteger a los defensores ambientales, quienes continúan luchando por los derechos colectivos en un entorno cada vez más hostil.

El CEDIB hace un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad boliviana a prestar atención a esta crisis y a exigir acciones concretas para garantizar el respeto de los derechos humanos y la protección del medioambiente en Bolivia. De lo contrario, advierte el informe, el país podría seguir el camino de otros en la región, donde los defensores de la tierra y la naturaleza son asesinados con impunidad.

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