La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) dispuso la “inmediata suspensión” de actividades mineras en 13 áreas identificadas que no cuentan con derecho minero, es decir, realizan una explotación ilegal de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi y la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde.

La AJAM informó que formalizó una denuncia penal por la presunta comisión del delito de minería ilegal en contra de aquellas personas que estarían realizando actividades ilícitas de explotación de recursos minerales en las áreas de ambas reservas. La denuncia fue presentada el 7 de febrero y fue admitida por la Fiscalía de Cobija, Pando.

Tras la realización de inspecciones técnicas previas y el inicio del proceso de verificación de oficio por la explotación ilegal de recursos minerales la AJAM mediante una resolución administrativa del 6 de febrero de este año resolvió “disponer la inmediata suspensión de toda actividad minera desarrollada en 13 áreas mineras identificadas, que no cuenten con derecho minero”.

Estas áreas están ubicadas en los municipios de Filadelfia, Puerto Rico y El Sena (Pando), ubicadas dentro de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi y la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde.

La institución ha informado que “En cumplimiento de la Resolución Constitucional N° 05/2023, emitida por el Juzgado Público Mixto de Rurrenabaque (Beni), ordenando la suspensión de toda actividad minera ilegal y sin licencia ambiental en los ríos Beni, Madre de Dios, Tuichi, Quiquibey, Alto Beni, Kaka y Tequeje. La AJAM organizó recorridos de verificación e inspección en los ríos afectados, abarcando municipios de los departamentos de La Paz, Pando y Beni”.

Las inspecciones se realizaron en dos periodos: del 29 al 31 de octubre de 2024 y del 18 al 20 de noviembre de 2024, con la participación de la Armada Boliviana y personal técnico de la AJAM. La presencia minera ilegal es una permanente preocupación de las comunidades locales por las consecuencias que está dejando.

La AJAM señaló que de esta manera reafirma su compromiso de lucha frontal contra la minería ilegal, la preservación de los recursos naturales, el cumplimiento de la normativa minera y la protección de áreas protegidas, priorizando el desarrollo sostenible en beneficio del Estado plurinacional de Bolivia