El pasado martes, Evo Morales envió a un emisario para presentar su renuncia al partido de gobierno, MAS, con la intención de habilitarse como militante en otra organización política que le facilite su candidatura en las próximas elecciones. Sin embargo, el Tribunal Electoral rechazó la solicitud y exigió que la renuncia fuera formalizada en persona por Morales o a través de un apoderado legal.

Poco después, el enviado presentó un poder firmado por Evo Morales ante un notario de fe pública. Esto resultó sorprendente, ya que el cocalero se encuentra prácticamente confinado en el Chapare, bajo una especie de detención domiciliaria voluntaria en el sector de Lauca Ñ. Morales no puede salir del trópico de Cochabamba debido a la intensa persecución gubernamental y judicial en su contra.

Lo que genera aún más dudas es cómo pudo haberse realizado este trámite. Según la ley, el notario debía haber recibido personalmente a Evo Morales en su oficina para tomarle la firma. Si esto ocurrió, significa que el exmandatario logró movilizarse sin ser detectado por las autoridades que tienen en su poder los mandamientos de aprehensión. La otra posibilidad es que el notario se haya trasladado hasta su refugio para recoger la firma, un hecho que, de ser cierto, debió contar con estrictas medidas de seguridad de su “ejército privado” para evitar filtraciones sobre su paradero.

Cualquiera de estos escenarios resulta cuestionable, ya que la normativa penal establece que cualquier ciudadano o servidor público tiene la obligación de reportar o denunciar a una persona perseguida por la justicia. En este caso, el notario estaba en conocimiento de la situación legal de Evo Morales, pues es un hecho de dominio público la negativa del cocalero a comparecer ante los tribunales. Su omisión de informar a las autoridades contribuye a un proceso poco transparente que impide la acción de la justicia.

Este caso no solo expone las irregularidades en el trámite de renuncia de Evo Morales al partido MAS, sino que también pone en evidencia una realidad aún más preocupante: la burocracia parcializada que domina el aparato estatal boliviano. Durante años, las instituciones han sido invadidas por funcionarios afines al Movimiento al Socialismo (MAS), quienes han demostrado su lealtad incondicional al líder cocalero. La facilidad con la que se gestionó el poder notarial es una prueba más del control que Morales aún ejerce sobre la administración pública, permitiéndole hacer valer sus derechos mientras evade sus obligaciones judiciales.

No estoy cuestionando el derecho de cualquier ciudadano a otorgar un poder notarial, lo que verdaderamente me inquieta es que este trámite se haya realizado sin alertar a las autoridades correspondientes. La ausencia de una investigación sobre este hecho solo refuerza la sospecha de que la burocracia sigue protegiendo a Morales, garantizando que ningún obstáculo legal detenga su camino a una nueva postulación presidencial.

En este contexto, el proceso electoral en curso se perfila como un escenario lleno de irregularidades. Si finalmente se permite la candidatura de Morales, no cabe duda de que contará con el respaldo de toda la estructura burocrática que le es leal. En caso contrario, ante cualquier negativa a sus caprichos, las amenazas de bloqueos y protestas en los próximos meses, especialmente abril y mayo próximos, podrían materializarse, afectando los derechos constitucionales de toda la población boliviana en nombre de los intereses personales del cocalero Morales.

Me pregunto: ¿qué habría pasado si el notario hubiera cumplido con su deber y reportado la presencia de Evo Morales? Sin duda, el panorama político sería muy distinto. Algo si es cierto, el líder cocalero es un prófugo de la justicia que está encargado de exigir lealtad personal a sus súbditos, provocar disputas legales muy crueles, enardecer la crisis partidaria del MAS y glorificar su legado como la única salvación. Tan bajo ha caído el sentimiento ciudadano que sentiría como una anécdota el retorno de Evo Morales a la presidencia.