El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, considera que en las elecciones generales de agosto se pone en juego el sistema democrático boliviano, toda vez que la sociedad no va a permitir que ningún órgano del Estado se prorrogue en sus cargos. Lo dice ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita algún fallo en contra del proceso electoral, tal como lo hizo en las elecciones judiciales.

Vargas participó en el más reciente programa Sumando Voces en Directo, junto al analista político Carlos Toranzo y la coordinadora de la iniciativa de la fundación Jubileo,  Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), Sandra Verduguez, con quienes se analizó cómo se puede hacer para mejorar la confianza y la transparencia electoral.

En este texto compartimos las respuestas de Vargas, aunque el programa completo está al finalizar la nota.

Vargas contó que durante el encuentro multipartidario, el presidente Luis Arce, “a viva voz” dijo que no hay dólares y que el financiamiento para el voto en el exterior depende de un crédito que está a la espera de aprobación en la Asamblea Legislativa.

El vocal además explicó por qué considera que es importante que los vocales sean incluidos en la Ley 044, de juicio de responsabilidades. ¿Temen ir a la cárcel?, se le preguntó. Aquí un resumen de sus respuestas.

SV: ¿Existe confianza de que los partidos cumplan con lo comprometido en el encuentro multipartidario, tomando en cuenta que en las judiciales igual hicieron compromisos y nos los cumplieron? Y, ¿era necesario llegar a ese acuerdo si la mayor parte de los temas ya están establecidos en las leyes?

Dentro de la corresponsabilidad, hay aspectos que deben ser llevados adelante no solo por el Órgano Electoral. El diálogo plural, abierto y esperemos que fuese sincero fortalece la democracia y ayuda a avanzar. Los puntos esperamos que se los pueda cumplir, en caso de no cumplirse, pues lo vamos a mencionar, lo vamos a decir y lo vamos a denunciar inclusive públicamente porque, por ejemplo, si no contamos, con los dólares de manera oportuna, no podemos garantizar que haya elección en el exterior, si no tenemos los fondos en dólares. Este espacio sirvió para poder escuchar a viva voz del Presidente que no se cuentan con los dólares y que está sujeto a un crédito y esto es algo que debe resolver el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo, porque el Órgano Electoral los requiere esos recursos, que no son más de 7 millones de dólares.

SV: La confianza en las instituciones ha caído según diversas encuestas, entre ellas el Latinobarómetro, que indica que la confianza en el Órgano Electoral era del 18% el 2024. ¿Les preocupa esa situación? Y ¿Cómo harán para recuperar la confianza?

Primero hay que preguntarnos si alguna vez ha existido confianza en el Tribunal Supremo Electoral, porque si hablamos de “recuperar” es devolver esa confianza. E inclusive yo me animaría a poner en tela de juicio trabajo de la Corte Nacional Electoral. No por nada el proceso constituyente reforma y construye un Órgano Electoral. Siempre ha habido desconfianza. El 2009 se desecha el registro de electores, se implementa el padrón electoral biométrico y creo que es un proceso de construcción, creo que está en construcción la confianza en el Órgano Electoral. Sin embargo, este Tribunal Supremo Electoral es el único que puede llegar a cumplir un mandato de seis años. De los tres tribunales supremos electorales que ha habido a partir de la Constitución, ninguno ha culminado su mandato.

Dentro de este Tribunal, que puede tener algunos errores o desaciertos, creo que existe pluralidad, existe apertura y existe un antecedente de trabajo llevado adelante por personas como Salvador Romero, que van a permitir desarrollar este proceso electoral con las condiciones de integridad que requiere un proceso electoral. Nosotros nunca quisimos llevar un proceso parcial (en las judiciales), pero lastimosamente era o llevar la elección parcial o era posiblemente estar procesado y encarcelado. Uno tiene que sacrificarse por la Patria, pero tenemos un proceso electoral en curso, por lo que se tiene que valorar y preservar el bien mayor.

Creo que, a pesar de todo, el Tribunal Supremo Electoral se ha constituido en ese punto de encuentro con capacidad de reunir actores diversos y diferentes, ha bajado de ser un tribunal a reunirse de manera horizontal para escuchar y para asumir decisiones en consenso y creo que eso es eso es importante.

SV: La Fundación Jubileo plantea que una de las copias oficiales del acta se exhiban en el recinto electoral para que toda la gente pueda ver los resultados. ¿Será posible atender esa demanda de la sociedad civil?

Creo que ya se ha iniciado esta práctica cuando el Tribunal Supremo Electoral 2020 lanza de manera pública que todas las actas y todo el proceso de escrutinio y conteo de votos de mesa es público y que puede ser registrado, filmado y fotografiado de manera pública. Cualquier ciudadano puede tomarle una fotografía al acta, una vez concluya el conteo de voto como una muestra de transparencia.

En nuestro país hemos mostrado y vamos a mostrar el 100% de las actas de manera pública en los cómputos que van a realizar los tribunales electorales departamentales. No vamos a esconder un solo acta. Así se ha realizado el cómputo en las elecciones judiciales por parte de los tribunales electorales departamentales. Y esperamos que esto se desarrolle sin ningún tipo de injerencia, porque, hay que decirlo, en el caso de Santa Cruz, en medio cómputo, se recibió la visita de un grupo de policías y Fiscalía que nos llamó la atención. Se planteó como un como una reunión de coordinación interinstitucional, pero creo que acá es la sociedad que debe cuidar el trabajo que realiza el Órgano Electoral.

SV: En las judiciales, el TSE le hizo caso al TCP y llevó adelante elecciones parciales. La pregunta clave ahora es si el TSE volverá a acatar las órdenes del TCP en caso, por ejemplo, de que paralice las elecciones o habilite o inhabilite a candidatos arbitrariamente. O ¿es que el poder está en manos del TSE?

Esa pregunta se la trasladaría al Tribunal Constitucional. ¿Se animarían los magistrados en este proceso, que es altamente participativo, con una alta influencia de líderes políticos y de sociedad civil, de emitir una sentencia que paralice este proceso electoral? La pregunta es para ellos y ellos deberían responder. El Órgano Electoral seguramente va a asumir una posición, porque somos un ente colegiado. Hasta el momento, muchas sentencias con las que no estamos de acuerdo, hemos tenido que cumplir para no romper el estado de derecho. Sin embargo, es algo que se va a analizar en su momento.

En la mesa multipartidaria hemos planteado que la elección tiene que darse plazo y los tiempos oportunos. La elección tiene que ser el 17 de agosto, una eventual segunda vuelta será el 19 de octubre y la posesión tiene que ser el 8 de noviembre. Inmediatamente después de la posesión, poco más de un mes, culmina su gestión todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral y la gran mayoría de los miembros de los tribunales electorales departamentales. Entonces, si no hacemos las elecciones en el tiempo oportuno, podemos llegar a una situación en la que no tengamos autoridades con legitimidad de origen en el Órgano Electoral, porque culminamos el 19 de diciembre. Y yo coincido que la sociedad no va a permitir una prórroga de ninguno de estos tres órganos del estado y, por lo tanto, en este momento está en juego la continuidad de nuestro sistema democrático y por eso es tan importante este proceso electoral.

SV: ¿Por qué los vocales electorales pidieron ser incluidos en la Ley 044 de Juicio de responsabilidades? Temen ser enviados a la cárcel y procesados como sucedió el 2019, o están previendo un escenario de violencia?

Qué haríamos en un escenario en que estemos haciendo el cómputo y recibimos una intervención de la Fiscalía y la Policía como pasó en Guatemala. No tenemos Ley 044, nos pueden dar una detención preventiva ante una denuncia y quién va a realizar los cómputos, quién va a proclamar. Es la ciudadanía que tiene que cuidar a la autoridad electoral en este contexto. Ahí la respuesta de por qué se pide la incorporación a esta ley. La cantidad de denuncias que hemos sido sujetos, quienes estamos en el organismo electoral, como autoridades, son muchísimas. Yo he perdido la cuenta, desde procuradores, exprocuradores, diputados, senadores…

Hay temas que tienen que ver con decisiones que asume el ente colegiado y que requieren que estas decisiones en el ejercicio de sus funciones sean bajo un procesamiento de juicio de corte, como lo son las otras altas autoridades del estado. Y esto no lo dice el Tribunal Supremo Electoral, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la última comisión de observación electoral de la OEA, que se debe generar un procedimiento para el procesamiento a los vocales electorales equiparable a las demás autoridades del Estado.

Y no es algo para impunidad o para cuidar, al final nosotros, vuelvo a repetir, tenemos pocos meses más y el único desafío que tenemos es llevar adelante este proceso electoral, culminarlo, entregar credenciales e irnos a nuestra casa con el deber cumplido. No es para quedarnos, sino es más bien para garantizar que las cosas que hagamos, sean lo más correcto y no tengamos después algún tipo de represalia como se ha venido haciendo.

Todos tenemos familia, yo tengo dos hijas pequeñas, quién va a querer o a quién le va a agradar ir a la cárcel. Sin embargo, estamos en estas funciones por el compromiso que tenemos con el país, por la democracia porque fácil sería agarrar y renunciar e irnos a nuestra casa, y no es afrontar lo que se viene que es una disputa política , que debe darse en el marco del respeto al soberano.