Finalmente, el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) será repuesto. Pese a ser un resultado de primera vista, no vinculante y que por su naturaleza nunca llegará al cien por ciento de las actas, se ha vuelto la niña de los ojos de los partidos, al punto de que para la elección de agosto, las organizaciones políticas renunciaron nada menos que al fondo estatal que les tocaba para hacer sus campañas electorales, decidiendo destinarlo a financiar el TREP.

En los días que siguen, al parecer, sobrevendrá la discusión de cómo debe implementarse el nuevo TREP: que para que el Órgano Electoral no sea juez y parte, el TREP sea operado por una empresa «independiente», y mejor si es extranjera; que deberá contar con un software propio, dada su complejidad; que sí o sí debe tener una ley que lo respalde; que debería tener un control ciudadano, en fin.

En este punto, acaso lo más oportuno sea revisar un poco lo que ya ha sido el TREP, para dimensionar mejor lo que se deba hacer hacia adelante.

De primera, hay que recordar que el TREP es un ‘viejo’ sistema que el órgano electoral usó desde el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, y pese a que en las elecciones generales de 2019 se le exigió llegar al cien por ciento de los votos, en anteriores comicios su parámetro de eficiencia era solo superar el 80%.

En 2016, se estrenó como el Sistema de Transmisión Rápida y Segura de Actas. Según registró Fuente Directa, el medio digital de prensa del órgano electoral, en esa ocasión los datos fueron presentados a las 18:15 del día del sufragio y se había llegado a 81,2% de las actas, dando como resultado 45,8% de los votos por el Sí y 54,2% por el No (cuando el resultado oficial fue: 48,70% por el Sí y 51,30% por el No); el nuevo sistema acertó en la tendencia, aunque relativamente no fue exacto en las cifras. En las elecciones judiciales de 2017, con un promedio de 80% de actas verificadas en los tres tribunales (Superior de Justicia, Agroambiental y Constitucional) y en el Consejo de la Magistratura, en una larga conferencia de prensa a las 21:30 del 3 de diciembre, la entonces presidenta del TSE, Katia Uriona, dio el detalle, departamento por departamento, tribunal por tribunal, del porcentaje de votación alcanzado por cada uno de los candidatos.

En 2016, tras la primera experiencia del sistema, Uriona entusiasta declaraba a Página Siete que se había cumplido con el desafío de «alcanzar a entregar los resultados en el día a través del conteo rápido». Es llamativo que aquella vez Uriona también denominara al TREP como un «sistema de verificación de actas».

En 2019, el TREP, ya con este nombre, fue incluido en el Reglamento de las Elecciones Generales (aprobado en mayo de 2019), en su capítulo II, en los artículos 52, 53 y 54. Allí se disponía que el responsable del TREP era la Dirección Nacional del Servicio de Registro Cívico (Sereci), que habría un Centro de Procesamiento de Datos (que fue en La Paz) y que la Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicación iba a proporcionar toda la infraestructura informática.

Aquí hay que aclarar que la creadora y gestora de este sistema fue la empresa Neotec, dirigida por el ingeniero boliviano Marcel Guzmán de Rojas, quien asistió técnicamente al sistema desde 2016.

Acaso el mayor problema del TREP es el despliegue que necesita de gente. Para los comicios de 2019, Guzmán de Rojas (Informe al TSE del 28 de octubre de 2019) detalló que se contrató a más de 7.600 operadores para cubrir todos los recintos electorales en el país y en el exterior; «se desplegó al menos 1 operador en cada recinto electoral, tanto en Bolivia como en el extranjero, y en aquellos recintos con más de 10 mesas, se desplegó un operador por cada 10 mesas». Para este trabajo en 2017 se había movilizado a 4.888 personas. Estos operadores tenían la misión de fotografiar el acta en cuanto terminara el escrutinio en la mesa electoral, anotar los resultados y, a través de su celular, enviar foto y datos al centro de procesamiento en La Paz. Para posibilitar el envío vía celular, informó Guzmán de Rojas, se utilizó más de 600 vehículos para recoger a operadores donde no había señal, además de que se instalaron 51 antenas satelitales en «localidades estratégicas» para que el operador vaya y transmita desde allí.

En este punto, urge aclarar qué es siempre el TREP. Según define el Reglamento, es un «sistema de información» para dar a conocer el resultado de la elección «en el menor tiempo posible». Demasiadas veces se confunde al TREP con el «conteo rápido» o con el registro en «boca de urna» y, también, con el cómputo oficial. Con los dos primeros, hay que precisar que ambos son proyecciones de resultado sobre una muestra, nacional sí, pero muestra al fin. En la elección de 2019, por ejemplo, mientras casi todos los medios destacaban que VíaCiencia, la única empresa autorizada para difundir un resultado preliminar, y que prácticamente fue usada para «medir» la solvencia del TREP, daba una distancia entre el MAS y CC de 4,5 puntos porcentuales (cuando el TREP dio 7,8 puntos); sin embargo, no se decía o se decía poco que el resultado de VíaCiencia (según su ficha técnica registrada en el OEP) era sobre una muestra de 5.100 actas de 33.048 existentes en el país, o sea, 15,4% del total; en términos de votos, de 6.974.363 habilitados, la empresa cubrió 878.460; VíaCiencia informó que su conteo era al 100% con un margen de confianza de 95%, y que solo tenía un margen de error de 0,1%.

En cambio, el ‘pobre’ TREP, del que todos desconfiaban por haber sido interrumpido, era el trabajo sobre el cien por ciento de las mesas (actas), las 34.555 que hubo en el país y en el exterior.

En cuanto a confundir el TREP con el cómputo oficial, esta fue precisamente una de las causas de la crisis poselectoral de 2019: el sobredimensionamiento del TREP. En la declaración que hizo la Misión de Observación Electoral de la OEA el lunes 21 de octubre por la noche, tras la reanudación del TREP, que fatalmente mostró un «cambio drástico y difícil de justificar» en la tendencia de la votación por el MAS y CC, para el organismo este hecho modificaba «drásticamente el destino de la elección» y, lo más importante, «generaba la pérdida de confianza en el proceso electoral»… todo ello sin hacer alusión alguna al cómputo oficial que ya estaba en marcha; con todo lo bueno que fue el TREP, la elección fue descalificada con base en un sistema de información preliminar y no vinculante que, además, al final no llegó, y no podía llegar, al 100% de las mesas, por inconvenientes que se preveía iban a tener los operadores para mandar las fotos: al final hubo 377 actas, 1,09% del total, que nunca fueron enviadas (Informe de Neotec).

Hay que prevenirse contra el sobredimensionamiento de marras: en 2019, se razonaba más o menos que el cómputo oficial al final solo debía confirmar el resultado del TREP, cuando en verdad el TREP solo era un anticipo del verdadero resultado. Más bien que hasta en esto el TREP fue eficiente: al final, la diferencia entre el MAS y CC en el cómputo oficial fue de 10,57%, cuando el TREP dio 10,57%, apenas una centésima de diferencia.

Urge también precisar el funcionamiento del TREP. A lo dicho, que un operador mandaba desde el recinto electoral la foto del acta y el resultado, hay que agregar que en el Centro de Procesamiento de Datos en La Paz había 350 verificadores que, tras recibir la fotografía, transcribían su resultado, sin ver el resultado que había mandado el operador del recinto; luego, se comparaban ambos apuntes, y si coincidían, el acta era considerada como «verificada» e inmediatamente se la publicaba junto con subir a la web la foto correspondiente. La publicación de las actas en realidad implicaba la actualización del resultado cada tres minutos; este proceso consistía en «sumar las actas, agregar los resultados por país, departamento y municipio y generar un archivo Excel con las actas verificadas y aprobadas» (Informe de Neotec).

Transmisión, verificación y publicación, entonces. Pero ¿qué pasaba cuando la lectura del acta hecha por el operador en el recinto electoral y la lectura del verificador en La Paz no coincidían, por diversos problemas, como una mala foto o datos mal copiados? Pues estas actas pasaban a un equipo de «20 aprobadores», quienes decidían si el problema se podía solucionar sobre la marcha (una mala suma, confusión de números, etc.) y en tal caso publicar el acta; o si la falla era insalvable, el acta era puesta en el estado de «observadas», que no iban a ser publicadas. Por esto, cuando se informó el avance del TREP a las 19:30 del 20 de octubre de 2019, hubo dos cifras: al TREP se había transmitido 89% de las actas, pero solo se había verificado (por tanto, publicado) 84%.

Diferenciar transmisión de verificación es vital, para no cometer errores de apreciación como algunos: en su Informe Final de auditoría (diciembre de 2019), la OEA señala que la primera acción deliberada para manipular el resultado fue que el TREP se detuvo justo al 83,76% de las «actas verificadas y divulgadas», las cuales eran parte «de un 89,34% de actas que ya habían sido transmitidas y que estaban en el sistema TREP»; hasta ahí, cierto. Lo raro y sorprendente es lo que sigue: el TSE, dice la OEA en su informe, «ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5,58% de las actas [89,34 menos 83,76] que ya se encontraban en el sistema TREP pero que no fueron publicadas».

Esto del ocultamiento era falso, protestó Guzmán de Rojas en su declaración a la Fiscalía a fines de 2019: no eran actas ocultadas, sino que eran actas no verificadas, porque se hallaban en estado de observación o eran parte de la lista de espera de los verificadores en La Paz; hasta el final hubo diferencia entre las actas transmitidas y las verificadas. Si con el 84% de actas verificadas, las «ocultadas» eran 5,58%, veinte minutos después, a las 20:00, ya se tenía 93% de verificadas y las «ocultadas» bajaron a 3%; cuando el TREP cerró, las «ocultadas» eran de 3,28% (Informe de Neotec).

Ahora, algo que tampoco se destaca es que en 2019 en justicia el TREP fue eficiente: en la noche de la jornada electoral, poco antes de que se interrumpiera (como a las 20:10), el TREP había alcanzado «el 96% de actas transmitidas y el 93% de verificadas» (Neotec). Precisamente aquí está lo valioso del TREP. Como hicieron notar en su tiempo Guzmán de Rojas y el exvocal Antonio Costas, antes que proporcionar el resultado de manera pronta, lo realmente provechoso del TREP fue que preservaba las actas, en foto, como un banco. Por esto, razonaba y reclamaba Costas en Animal Político: ¿cómo se podía haber cambiado las actas y los resultados, haber hecho fraude, cuando en el mismo día de la elección, hasta las ocho, diez de la noche, se había depositado (habían sido transmitidas) casi la totalidad de las benditas actas?

El TREP mostró ser un buen y necesario recurso complementario al cómputo oficial, que, como se sabe, es manual: se cuentan los votos en la mesa electoral, con rayitas de diez en diez, se anota el resultado en el acta ante la presencia de delegados de todos los partidos (al menos idealmente); esa acta (y no las papeletas electorales, como creían muchos cívicos en 2019) va al Tribunal Electoral del departamento y allí en acto público se revisa y aprueba acta por acta; se hace un acta oficial y se la manda al Tribunal Supremo Electoral, el cual, también en Sala Plena pública, suma, revisa y verifica todo el proceso; según la norma de 2019, el TSE tenía hasta siete días para emitir el informe final oficial del escrutinio; aquella vez lo hizo en cuatro días, hasta el 25 de octubre. Y en todo el proceso, oficialistas y opositores están mirando, aprobando o rechazando, cada acta.

Muchos parten de la idea de que el TREP fue deficiente porque fue interrumpido, todo se vino abajo desde ese momento, y ahora toca pasarlo a mejores manos para que se cure y esta vez sea eficiente; cuando, como se mostró, fue eficiente y lo único que habría que hacer hacia adelante es continuar esa su forma de funcionamiento, claro, con las correcciones que se deba.

Y es un contrasentido eso de que el TREP deje de ser estatal, que deje de ser parte del OEP y sea «terciarizado»; si bien en 2019 y en anteriores comicios, la informática era de Neotec y mucho del concepto del TREP se le debe a Guzmán de Rojas, el sistema debe ser un servicio que esté bajo tuición del Órgano Electoral, tanto por su magnitud (que no es un mero conteo sobre una muestra, sino el registro del total de las mesas) como porque es la necesaria contraparte estatal a los conteos rápidos que sin duda siempre harán las privadas el día de la elección (pues nunca mejor mercado que un país en vilo por un resultado que cambiará su vida en los siguientes cinco años).