En circunstancias regulares, el encuentro convocado por el Tribunal Supremo Electoral –aunque estadísticamente es el tercero de su tipo, éste fue particularmente urgente dada la delicada situación en la que se encuentra (¿encontraba?) la agenda con rumbo a las elecciones generales– no tendría por qué haberse realizado.

Se supone que en un sistema democrático sano todos los actores involucrados en un proceso electoral conocen los tiempos y las prescripciones pertinentes a tal efecto reconociendo, además, la autoridad de la instancia correspondiente, en lugar de ponerle trabas a su labor. Pero la erosión institucional ha conducido a la desconfianza generalizada hacia dicho órgano y la reunión del lunes es, al menos, esperanzadora.

Por mandato constitucional –y de esto, pocos parecen estar conscientes– el Órgano Electoral es uno de los poderes del Estado lo que implica que tiene a su cargo las determinaciones en materia (jurisdicción) electoral, cosa que, sobre todo desde el Tribunal Constitucional, ha sido puesta en entredicho. Por eso, el TSE reclama, con justa razón, el respeto a la preclusión.

Sobre el encuentro propiamente dicho, en términos formales ha sido un hito en la reciente y maltrecha historia institucional. No faltó nadie –ya sea presencialmente o a través de representantes–, por lo que las rúbricas estampadas en el documento final le otorgan plena validez. Hubo un ambiente sobrio y, contenidamente, respetuoso: nadie utilizó el acto como espacio de campaña abierta. Y la moderación, a cargo del presidente del TSE, estuvo acertada; de entrada, no se introdujo el asunto de la modificación de la fecha –17 de agosto– del acto electoral (un precandidato fiestero había anunciado que iba a solicitar tal extremo). Mención aparte merece la conducción del Dr. Oscar Hassenteufel, quien sin otro afán que encaminar, que no blindar, el proceso electoral cumplió su cometido.

Ahora bien, de los 15 acuerdos, el cumplimiento de ocho de ellos está a cargo del propio TSE; por tanto, es previsible que no tenga mayor obstáculo para hacerlo. La duda surge respecto a los restantes siete que dependen de la buena o mala voluntad de otras instancias: El gobierno central y el parlamento. ¿Estarán a la altura de asumir el compromiso que firmaron sus representantes?

Permítaseme algo de susceptibilidad. Por ejemplo, el Ejecutivo ya ha deslizado que para aportar los 40 millones de dólares, el Legislativo debe aprobar el crédito procedente de Japón que si bien no es para fines electorales (suponemos que es de libre disponibilidad) le dará ese uso. Como se sabe, en la Asamblea hay una bancada que aún responde al inhabilitado Evo Morales y hará lo suyo para impedirlo, a pesar de que el evismo estuvo representado, a través del presidente de la Cámara de Senadores, en el encuentro multipartidario. Pero el propio Rodríguez ha tomado distancia del cocalero. Por otro lado, usar el tema electoral para presionar por la aprobación de un crédito que al menos de principio no tenía ese destino es, por decir lo menos, de muy mal gusto. ¿Qué pasará si, finalmente, tal crédito no se aprobara? El Ejecutivo volverá a achacar de conspiración al Legislativo, pero eso no resuelve el problema. ¿De dónde sacará ese monto? Y si finalmente no hay esos recursos, ¿habrá TREP?, ¿habrá voto en el exterior?

La otra susceptibilidad es sobre la nociva presencia de los autoprorrogados del TCP. ¿Se quedarán tan tranquilos sin poder torpedear al TSE?

El proceso electoral no parece tener un camino de rosas, pero al menos algunos de sus tramos parecen reparados.