La reelección es el fin. El medio para lograrlo está en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Son estos órganos los que decidirán si Evo Morales tiene el “derecho humano” de postularse a presidente como cualquier otro ciudadano en las elecciones del 17 de agosto de 2025.

A pesar de su aparente independencia,una parte de los magistrados del TSJ y el TCP están atrapados en una maquinaria que responde, directa o indirectamente, a los intereses del exmandatario. De cara al público, han intentado proyectar una imagen de imparcialidad, idoneidad e incluso cierta aristocracia jurídica, diferenciándose de sus predecesores.

Sin embargo, su escaso respaldo popular los delata. En las elecciones que llevaron al cargo a los autoprorrogados, los votos nulos y blancos superaron con creces a los válidos, lo que deja en entredicho su legitimidad. Desconfiar de ellos no solo es razonable, sino necesario.

Un magistrado debe actuar bajo el marco de la Constitución y las leyes, antes y después de su elección, antes y después de su juramento. Sin embargo, muchos de los actuales magistrados, tanto en su etapa de candidatos como ahora en funciones, ignoraron normas fundamentales. En un inicio, mostraron respeto por la prohibición de hacer propaganda política, pero días antes de la votación inundaron calles y avenidas con sus afiches. Si violaron la ley para acceder al poder, ¿qué se puede esperar de su comportamiento una vez en el cargo?

El TSE ha demostrado una peligrosa sintonía con estos actores. Ninguno de los candidatos a magistrados —ni los electos ni los derrotados— recibió sanciones por infringir normas electorales. Esto refuerza la sospecha de que la reelección de Evo Morales ya está siendo orquestada, con tribunales dispuestos a interpretar la ley en su favor sin temor a venganzas.

Llama la atención que el TSE esté promoviendo para el próximo 17 de febrero un acuerdo nacional para privilegiar el principio de la preclusión que dispone que ninguna decisión o proceso electoral pueda ser “retrotraído o revisado” por la justicia constitucional. 

Estos acuerdos previos impedirían al TSJ o al TCP interferir en las decisiones del Órgano Electoral, como si ya se estuviera preparando el terreno para que la habilitación de Morales sea irreversible. Con esta maniobra, el TSE podría reconocer su supuesto derecho humano a postularse, contando con el respaldo tácito de los otros tribunales.

La desconfianza en las nuevas autoridades judiciales es más que justificada. La historia reciente demuestra que, durante los últimos 20 años, el servilismo y la sumisión al poder han sido la norma entre los magistrados. La oposición política en Bolivia, debilitada y sin incidencia real en este proceso, parece incapaz de frenar esta amenaza. Si alguien puede impedir el regreso de Morales, es el pueblo boliviano, como lo hizo en 2019, cuando salió a las calles para denunciar el fraude electoral.

Hoy, las garantías y certezas son inexistentes. Los magistrados electorales, judiciales y constitucionales han demostrado que su lealtad no está con la democracia, sino con quienes los colocaron en sus puestos.

Para extender su permanencia en el poder, ya han recurrido a maniobras burocráticas, justificadas con cientos de páginas de documentos legales. No sería extraño que, en un futuro cercano, produzcan cientos más para validar la candidatura de Evo Morales, sin importar el costo.

Si el sistema de elección de magistrados ha fracasado una y otra vez, ¿por qué esperar un resultado distinto ahora? Mi intuición —o tal vez mi pesimismo— me dice que estos nuevos jueces no serán diferentes a sus antecesores.

Ante este panorama, la ciudadanía no puede quedarse de brazos cruzados. Si Morales es habilitado como candidato, el fraude no comenzará el día de la elección, sino mucho antes.

Lo que muchos aún no comprenden es que este proceso no es un hecho aislado, sino parte de un plan más amplio, ejecutado con precisión milimétrica. Como en ocasiones anteriores, los hilos podrían estar moviéndose desde Caracas, La Habana, Moscú o Teherán, con la complicidad de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lista para actuar en línea con la estrategia, como alguna vez ya lo hizo.