Como ya sabíamos desde un tiempo, 2025 será un año distinto porque Bolivia celebrará el bicentenario de su declaración de independencia. Adicionalmente a eso, y también en agosto, se desarrollarán las elecciones generales para renovar los órganos ejecutivo y legislativo.

Esta coincidencia, que al final no pudo evitarse, motivó a los responsables de la conmemoración del centenario a comprometerse a no politizarla, pese a la vecindad de fechas entre el festejo y la consulta democrática.

Bien manejados, ambos acontecimientos podrían convertirse en parte de la celebración aunque, para ello, será necesario garantizar la realización de las elecciones o blindarlas, como se dice en la reciente jerga política.

A partir de ahí, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene un arduo trabajo por delante y, a su alrededor, hay múltiples fuerzas operando para tratar de que todo salga mal por una u otra razón. Casi todas tienen algo en común: es más fácil culpar a terceros que asumir las incapacidades propias, y al parecer, también es más fácil creer en conspiraciones que asumir la racionalidad de la democracia. Más en un país como el nuestro.

El TSE pasa por ser el árbitro de una contienda que va a ser dura por el contexto enrarecido, la cantidad de actores en liza, y por ese extraño significado épico y apocalíptico que se le viene dando últimamente a cualquier elección, como si la humanidad se reiniciar cada vez. El mejor de los árbitros es aquel que pasa desapercibido, pero cuando el partido es bronco, debe concentrarse mucho en aplicar los reglamentos tal cual hayan sido acordados, porque efectivamente cada año hay reuniones entre los implicados con las que se trata de afinar criterios para evitar, precisamente, quejas. Justo en ese momento se encuentra la democracia boliviana en este momento.

Casi a fines de enero, el TSE decidió fijar la fecha de las elecciones para el 17 de agosto, pese a que anteriormente había sugerido el 10, y aunque la palabra final la tengan los legisladores, que son quienes aprobarán finalmente la Ley de Convocatoria y que, aunque puede parecer rutina, debería seguramente anticiparse a los conflictos para minimizar riesgos, y hay dos claramente identificados: la credibilidad del Padrón Electoral y el Sistema de Transmisión Rápida de Actas que agilice el conteo.

El TSE ha ganado visibilidad en los últimos meses por aquel desafío que fueron las judiciales, donde al final el TCP ganó el pulso declinando la balanza al lado que quería el gobierno —la elección parcial de magistrados al Constitucional, donde los prorrogados siguen ostentando la mayoría—, pero también por sus cumbres de cariz más político entre los actores políticos y el propio Constitucional, pero por el momento la única acción que realmente se coordinó y salió adelante fue la de la suspensión de las primarias, como querían el arcismo y los diferentes bloques de la oposición, y que en realidad solo ha alargado la agonía de la selección, manteniendo al país distraído en las candidaturas mientras aprieta la incertidumbre de la crisis.

Quizá esa es la estrategia comunicacional adecuada o quizá necesita algún retoque, pero, en cualquier caso, el TSE debe ser capaz de dar certezas sobre el siempre cuestionado padrón electoral y comprometer a los partidos y otros satélites no solo en respetarlo, sino en defenderlo, y para ello cuenta con el aval de las organizaciones supranacionales como la OEA, que siempre lo ha defendido.