El abogado Pablo Rivero denunció al vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila por, supuestamente, influir en la contratación de un funcionario con sentencia condenatoria por el delito de violencia familiar en el Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Tarija.

Según Rivero, el vocal provocó una masacre blanca en el Servicio de Registro Cívico (Serecí) para retirar a 10 funcionarios y después poner en su lugar a personas allegadas a él, entre ellos el que está cuestionado.

Se trata de Edgar Gutiérrez Sfarcich, que ingresó con un memorándum de designación como chofer, expedido en mayo de 2024 y con el ítem 581.

"Fue observado por los administrativos del órgano electoral, pero continúa trabajando por ser allegado al vocal Ávila, quien hizo el uso indebido de influencias para el nombramiento ilegal", afirmó Rivero.

Gutiérrez, de acuerdo con el certificado de antecedentes penales, tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada dictada por el Juzgado Segundo de Sentencia, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer por el delito de violencia familiar.

El abogado afirmó que se hizo una denuncia ante la Fiscalía Departamental de Tarija para la investigación de oficio de este caso de designación ilegal a un allegado del vocal Gustavo Ávila.

El vocal Ávila fue designado en representación del Ejecutivo en el TSE  y reemplaza a Dina Chuquimia.

TSE asegura que denuncia de abogado carece de veracidad

“La denuncia del abogado Pablo Rivero carece de veracidad, debido a que ningún vocal tiene la potestad individual de contratar personal unilateralmente”, afirmó el responsable de prensa del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Marcio Ortiz.

Según Ortiz, las designaciones de personal son asumidas por la Sala Plena del órgano electoral conformada por siete vocales.

Añadió que las designaciones que realiza la Sala Plena se concretan con base en informes de cumplimiento de requisitos, que realizan las áreas de recursos humanos del TSE, siendo responsabilidad de ese personal especializado su revisión.

Sin embargo, advirtió que, de ser comprobadas las afirmaciones del denunciante y no mediar justificativo legal en contrario, el TSE asumirá las acciones legales correspondientes.