La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la solicitud de audiencia sobre criminalización a defensores ambientales, presentada en diciembre pasado por la Subcentral Campesina Tariquía, la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos (Contiocap) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). La audiencia está fijada para el día viernes 7 de marzo, a Hrs. 11 am (hora de Washington, misma hora de Bolivia), y será en la modalidad virtual. Así lo confirmó Tania Reneaum, secretaria Ejecutiva de esta entidad, mediante una nota fechada el pasado 23 de enero.

En la audiencia se abordará la problemática de la criminalización a las personas y comunidades que defienden el medioambiente, el agua y sus territorios, hecho que se ha evidenciado con mayor gravedad en el caso de los procesos penales contra 29 personas de las comunidades de Chiquiacá, en la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía.

Para el caso de Tariquía, las y los defensores de la reserva denunciarán en la audiencia, independientemente de la decisión que vaya a tomar la Fiscalía Departamental de Tarija sobre la continuidad del proceso, en su revisión del fallo de la Fiscalía de Entre Ríos, que hubo una cadena y una escalada de violaciones de derechos.

Presentarán pruebas de la persecución judicial o criminalización en contra de los defensores ambientales de Tariquia, es un paso más en esa cadena de violencias.

Se hará notar la falta de información real, completa, oportuna a las comunidades sobre los proyectos hidrocarburíferos en la Reserva de Tariquía.

También la constante presión de las empresas y entidades estatales e injerencia en la vida interna de las organizaciones y las comunidades; hostigamientos contra las personas y comunidades que defienden su territorio, sus recursos vitales, como el agua.

Las graves fracturas en el tejido social derivadas en la división de las organizaciones y las comunidades, hasta la división en las familias, como parte de las estrategias implementadas desde el Estado, también serán develadas.

Se denunciará también las consultas amañadas, de mala fe, sin información previa, sin las condiciones que exigen los estándares internacionales del derecho a la consulta; consultas sin escuchar la voz de las comunidades que de muchas maneras y en varias ocasiones han manifestado su rechazo a toda actividad hidrocarburífera con altos impactos en la Reserva y en su territorio.

Se pondrá en conocimiento el cambio del Plan de Manejo de la Reserva, sin consulta a las comunidades ni al Comité de Gestión; sin criterio técnico y más enfocado a facilitar actividades extractivas.

Los denunciantes pondrán en conocimiento las actividades hidrocarburíferas en la zona núcleo de la reserva, en la zona de Churumas, con lo cual se está ya consumando la destrucción de este patrimonio natural.

La represión policial del 21 de marzo de 2019 a la vigilia que se realizó a las y los comunarios de Chiquiacá también será puesto en conocimiento, en complicidad de varias instituciones del Estado que han facilitado esta secuela de violaciones a DDHH, ofreciendo servicios básicos que, siendo un derecho, ahora los plantean como un "chantaje" a cambio de una aceptación pasiva del ingreso de las empresas petroleras.

Y en el último tiempo, la persecución judicial o criminalización, con la intención definitiva es disuadir, escarmentar y desalentar la legítima lucha por defender derechos, principalmente el derecho a un medioambiente sano y a un territorio en el que se pueda vivir en paz será otra de las denuncias más graves que se presentará en la audiencia.

¿Por qué es importante esta audiencia para la sociedad tarijeña?

La audiencia ante un organismo internacional de protección de derechos se produce porque los defensores del medioambiente no encuentran justicia en el país. Tienen que hacer escuchar su voz en espacios internacionales. Y este hecho también es un llamado de atención a la sociedad tarijeña.

De acuerdo a las y los defensores de Tariquía, es importante que la sociedad tarijeña haga conciencia de este escenario de violencias y violaciones a derechos que está detrás del proyecto gubernamental de invadir un valiosísimo patrimonio natural, como es la reserva natural, con una avalancha de proyectos hidrocarburíferos, que en conjunto afectarán el 52% del territorio de la Reserva. Ya se comenzó la destrucción de su zona núcleo en Churumas.

"El mensaje que queremos destacar es: no podemos aceptar un ´desarrollo´ que esté basado en el abuso y la imposición, en la violencia y el sometimiento; en la destrucción de un patrimonio natural de alto valor por los servicios ambientales y la riqueza de la biodiversidad que atesora (...). Esas prácticas económicas no son sostenibles, ni mucho menos sustentables", señala el pronunciamiento conjunto.

Advierten que el actual modelo depredador, como se ha visto, no resuelve la postergación de Tarija.

El auge de la renta hidrocarburífera en el reciente ciclo gasífero de hace una década deja dolorosas lecciones para no volver a repetir caminos equivocados, por ello los pronunciantes han convocado a toda la población de Tarija, a sus instituciones, a sumarse a la defensa de este patrimonio de valor incalculable. Y hacerlo de la manera más honesta, sin subordinar o disfrazar su defensa a fines partidarios o sectarios.