“Si la ciudadanía está obligada a votar, los candidatos también deben ser obligados a debatir”. Bajo ese razonamiento, más de 100 organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los diarios independientes de Bolivia, emitieron un pronunciamiento de respaldo a una iniciativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentada ante la Asamblea Legislativa.

Tras 20 años sin debates entre los candidatos a la Presidencia de Bolivia, el proyecto de modificaciones a la Ley No. 26 plantea la promoción del debate electoral público y obligatorio para la reflexión y deliberación acerca de las propuestas programáticas de candidatas y candidatos a cargos públicos elegibles.

La tradición de los debates entre candidatos presidenciales se extinguió tras la llegada de Evo Morales a la Presidencia en el año 2006, como parte de la estrategia de imagen del ahora expresidente que evitó exponer sus planes de gobierno y menos debatirlos ante sus oponentes.

Morales gobernó entre 2006 y 2019, con un férreo dominio partidario sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde los partidos opositores cedieron posiciones sin posibilidades de cuestionar leyes y ejercer su rol de fiscalización.

“Consideramos que la iniciativa de una ley de debate obligatorio para candidatos(as) es altamente positiva y se enmarca en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos los que disponen que el sano debate democrático exige el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones con relación a candidatos, sus aptitudes y capacidades durante el periodo que precede a elecciones”, señala el pronunciamiento.

En Bolivia, las elecciones generales para presidente, vicepresidente y congresistas se realizarán el domingo 17 de agosto próximo, con la posibilidad de segunda vuelta el 19 de octubre. “En la misma línea, la RELE – CIDH considera que: Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para votar. El libre discurso y el debate político son esenciales para la consolidación de la vida democrática de las sociedades, por lo cual revisten un interés social imperativo”.

“Hoy, la Asamblea Legislativa Plurinacional enfrenta el crucial deber de tratar este proyecto de Ley y actuar a la altura de los desafíos del sistema democrático  boliviano, incorporando el marco legal que sustente el debate electoral obligatorio como una práctica y estándar que ya es implementado en casi todos los países de la región”, señala el comunicado firmado por instituciones y defensores de la democracia.