Más de un centenar de redes, instituciones, colectivos y activistas manifestaron su respaldo al proyecto de ley enviado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que propone la modificación parcial de la Ley N°26 para establecer el debate electoral público y obligatorio entre los candidatos presidenciales. La iniciativa busca fomentar la reflexión ciudadana sobre las propuestas programáticas y fortalecer el ejercicio del voto informado.

A través de un pronunciamiento público, los firmantes destacaron que la medida se enmarca en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que promueve la libre circulación de ideas, opiniones e información sobre los candidatos y sus capacidades durante el periodo electoral.

Resaltaron que el debate obligatorio contribuiría a la consolidación de la democracia y permitiría a la ciudadanía evaluar de manera crítica las propuestas y posturas de los postulantes a la Presidencia.

Asimismo, enfatizaron que la sociedad civil organizada impulsó desde hace años la exigencia de mayor transparencia en los procesos electorales, promoviendo espacios de confrontación ideológica y exposición de planes de gobierno.

Según los colectivos que respaldan la iniciativa, la normativa garantizaría que los electores accedan a información relevante sobre las posturas de los candidatos en temáticas de interés nacional, especialmente en lo relacionado con los derechos humanos y sectores prioritarios.

El pronunciamiento también subraya la importancia de que la Asamblea Legislativa Plurinacional trate el proyecto de ley con la urgencia necesaria, con el fin de que la norma pueda estar en vigencia para las elecciones generales de agosto de 2025.

Advirtieron que, de no aprobarse, se perdería una oportunidad clave para fortalecer la cultura democrática en el país y se defraudaría la expectativa ciudadana sobre el derecho a un voto informado.

Los firmantes hicieron un llamado a los legisladores a actuar con responsabilidad y compromiso ante esta propuesta, destacando que el debate electoral obligatorio es una práctica consolidada en varios países de la región. En ese marco, reiteraron que su implementación en Bolivia representaría un avance significativo en la calidad de la democracia, garantizando a la población el acceso a información esencial sobre quienes aspiran a la máxima representación del Estado.