El Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que busca hacer obligatorio el debate electoral público en las futuras elecciones generales, programadas para agosto de este año. La propuesta incluye sanciones para los candidatos que no participen, quienes no recibirían financiamiento público para propaganda política.

El documento establece, en el artículo 137, parágrafo IV, que "las candidatas y candidatos que incumplan con la obligación de participar en los debates serán sancionados con la suspensión de la subvención del fortalecimiento público en periodo electoral", según lo previsto en la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, indicó que el objetivo de esta medida es garantizar que los ciudadanos tengan acceso directo a las propuestas de los candidatos. "Es un proyecto que busca obligar a los candidatos presidenciales y de otros niveles de gobierno a exponer sus planes de gestión frente al pueblo. La ausencia tendría como consecuencia la suspensión de los recursos destinados a propaganda", explicó.

La Asamblea Legislativa tiene un plazo hasta el 17 de mayo para debatir y aprobar la norma, ya que, según el TSE, esta medida debe estar vigente tres meses antes de las elecciones. El proyecto también contempla la modificación de la Ley del Régimen Electoral (Ley 026) para institucionalizar el debate público como herramienta de reflexión y análisis ciudadano.