“Váyanse como medio de comunicación, de forma encubierta, todos los días a la casa de José María Leyes y fíjense quiénes lo visitan. Sábados, domingos, grandes reuniones (…), van funcionarios municipales, dirigentes”, dijo a los periodistas.

El caso mochilas I comenzó a ser investigado el 3 de abril, cuando la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba, tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas de 2018 fueron provistos por la empresa accidental ‘26 de Febrero’, que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.

Llamadas
Según Coca, Leyes tiene, también, contacto telefónico permanente con concejales que representan a su partido político, Unidad Demócrata (UD).

“Que le pregunten al concejal, Edgar Gainza, y le digan si usted no se contacta por teléfono con José María Leyes, que le saquen un extracto de llamadas y que le secuestren absolutamente todos sus celulares que él maneja y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo”, sostuvo.

Dijo que las acciones de Leyes demuestran que está aún al frente de la administración de la Alcaldía de Cochabamba y la toma de decisiones sobre cambios de autoridades y servidores públicos.

Sostuvo que las labores de la autoridad edilicia suspendida tienen también la intención de “boicotear” la gestión de su suplente interina, Karen Suárez.

“Estamos hablando también de algunas personas que siguen en contacto permanente con José María Leyes, que están propiciando, organizando, planificando marchas y protestas en contra de la función municipal”, agregó.

El ex hombre de confianza de Leyes dijo, finalmente, que la justicia tiene la obligación de constatar si la denuncia realizada contra Leyes es veraz o no, bajo el criterio de que un juez le fijó la prohibición de reunirse con servidores municipales.