La jefa de la Bancada de Somos Pueblo en la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Andrea Echeverría, denunció un caso de acoso y violencia política que sufre la concejal de Mocomoco, María Blanco, quien es hostigada por el concejal Carlos Paredes, quien es acusado de violación.

Blanco incluso fue presionada por allegados de Paredes para firmar documentos para pagar una mensualidad de Bs 800 a la esposa de su titular, refiere la denuncia.

“Informar que Paredes tiene un mandamiento de aprehensión, el cual no se ejecutó desde 2023, él está libre pese a estar acusado de violación. Haré el seguimiento correspondiente a este caso, porque no puede quedar impune. También se hará el seguimiento en la Defensoría de las Niñez por el caso de violación, no sabemos qué tipo de garantías dieron a la víctima que es menor de edad”, advirtió Echeverría.

La asambleísta departamental denunció que Paredes presentó un certificado médico falsificado para justificar su ausencia del Concejo de Mocomoco y que obligaron a la concejal  Blanco a firmar un documento en el cual se establece que pagará 800 bolivianos mensuales a la esposa del concejal.

Desde que asumió el cargo en reemplazo de Paredes, la concejal Blanco también enfrentó un trato discriminatorio dentro del Concejo Municipal, siendo marginada de las discusiones porque algunas concejales se niegan a reconocerla porque fue electa como suplente, más ahora que el titular ejerce presión para volver a su curul.

“Yo asumí funciones en septiembre de 2022, pero soy discriminada, no me quieren dejar hablar, no me dejan ni usar la banda de concejal, me dicen ‘con el titular tenemos que hablar, con el titular tenemos que discutir. Las suplentes, ¿qué tiene que ver?’. A veces me secuestran a las oficinas de la alcaldía. A la fuerza me han hecho firmar un documento donde debo pagar hasta julio de 2025”, declaró la concejal Blanco.

 Echeverría anunció que tomará las acciones correspondientes para que se respete la normativa interna del Concejo Municipal, y cuestionó que un concejal que interrumpió su mandato por más de dos años sin justificación válida y con una orden de aprehensión por violación a una menor de edad pretenda volver a su cargo como autoridad.

Asimismo, indicó que el caso será denunciado ante las instancias competentes ya que la concejal también ha sido víctima de violencia política al recibir amenazas que ponen en peligro incluso su vida.