El camino hacia las elecciones presidenciales de 2025 en Bolivia está cargado de innumerables desafíos y controversias; cuándo no. El proceso se da nuevamente en un escenario de polarización, agravado ahora por una crisis económica y desconfianza institucional. Además, la cita con las urnas tiene lugar en el año del Bicentenario, lo que añade un toque de drama histórico a la ocasión.

El resultado de estos comicios no solo definirá al próximo gobierno, sino que también pondrá a prueba la capacidad del sistema electoral y la madurez democrática de Bolivia para gestionar un proceso que ya muestra signos de tensión. Las dudas sobre cómo se desarrollarán los eventos está en el centro de la atención pública, con cada ciudadano afinando su pálpito.

Para profundizar en esta temática, Animal Político, de La Razón, conversó con José Luis Exeni. El politólogo, comunicador y expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), presenta una visión crítica y detallada de los principales hitos y desafíos de de este camino hacia el voto en el cual ya está el país.

Ruta crítica a las elecciones

Según Exeni, uno de los aspectos más relevantes de este ciclo electoral es la ausencia de elecciones primarias, lo que ha modificado la temporalidad del proceso. “La convocatoria oficial a elecciones está prevista para abril, pero previamente, en febrero, deben registrarse las alianzas. Esto es crucial porque definirá si la oposición logra articular una alianza amplia o si se presenta fragmentada”, señaló.

La eliminación de las primarias no solo reduce las tensiones anticipadas, sino que también permite una mayor flexibilidad en la conformación de alianzas. Sin embargo, también genera incertidumbre, ya que la definición de candidaturas se posterga hasta mediados de mayo, dejando un corto margen para la campaña electoral oficial. Este cambio, según Exeni, “no es menor, ya que altera la dinámica del proceso y podría influir en la forma en que los partidos se preparan y movilizan”.  Entre los hitos clave del calendario electoral, destaca la delimitación de circunscripciones. Este trabajo técnico, a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), es fundamental para garantizar una representación equitativa. “El hecho de que la ley de escaños haya sido aprobada sin mayores conflictos es una buena señal. Aunque los cambios fueron mínimos, esta aprobación permite avanzar con el proceso sin grandes contratiempos”, indicó.

Otro hito importante es la inscripción de candidaturas, programada para el 13 de mayo. “Este momento definirá el panorama electoral, ya que sabremos qué alianzas se concretaron, quiénes serán los candidatos y cuáles serán las estrategias de las distintas fuerzas políticas”, mencionó Exeni. Este punto también será crucial para resolver la incertidumbre en torno a la candidatura del expresidente Evo Morales, cuya participación está condicionada por barreras legales y la oposición de facciones dentro de su propio partido.

La fecha de votación, establecida inicialmente para el 10 de agosto, pero que podría modificarse dentro de ese mes, marca el cierre de este ciclo. En caso de que ningún candidato alcance el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta, se realizará una segunda vuelta el 12 de octubre. “Es fundamental que el proceso se desarrolle con normalidad y que se respeten los plazos establecidos, ya que cualquier retraso podría generar tensiones adicionales y poner en riesgo la credibilidad del sistema electoral”, advirtió.

A pesar de la claridad del calendario, existen factores de incertidumbre que podrían alterar el curso del proceso. Exeni mencionó específicamente las elecciones judiciales pendientes y los posibles conflictos en torno al referéndum intradepartamental sobre límites territoriales. “Aunque estos eventos no están directamente relacionados con las elecciones generales, su resolución o falta de ella podría tener un impacto significativo en el clima político del país”, afirmó.

El experto también destacó la importancia de proteger el principio de preclusión, que garantiza que las etapas del proceso electoral no sean revisadas o repetidas. “Vulnerar este principio, como ya ocurrió en las elecciones judiciales, sería abrir un boquete al sistema electoral y generaría un riesgo enorme para la estabilidad del país”, alertó.

Contexto de crisis múltiple

Exeni describió el contexto actual con tres palabras: crisis, polarización e incertidumbre. “Enfrentamos una crisis política e institucional severa, una crisis económica con signos claros de deterioro y una polarización social que se arrastra desde 2019”, mencionó.

La crisis política e institucional se manifiesta en una creciente desconfianza hacia las principales instituciones del país, llegando inclusive al Tribunal Supremo Electoral, que en anteriores procesos gozaba de mayor credibilidad. Según Exeni, esta desconfianza se ha extendido a otros organismos como el Tribunal Constitucional Plurinacional, el poder judicial en general y las fuerzas del orden, configurando un panorama precario. “Esta pérdida de confianza mina la legitimidad del sistema y dificulta la construcción de consensos para resolver los problemas estructurales”, afirmó.

En cuanto a la crisis económica, Exeni destacó que los indicadores actuales muestran un paisaje sombrío. “Hay señales claras de inflación, escasez de combustibles y un deterioro general en la percepción económica de la ciudadanía. Esto no solo afecta el ánimo del electorado, sino que también incide directamente en las preferencias políticas”, explicó. La incertidumbre sobre el manejo de la economía durante el próximo gobierno será un tema central en el debate electoral.

Por otro lado, la polarización, lejos de ser solo un enfrentamiento discursivo, tiene profundas raíces sociales y culturales. Exeni señaló que esta división se agudizó a partir de las crisis políticas de 2019 y 2020, y se ha mantenido latente, incluso en contextos no electorales. “La fractura social entre sectores urbanos y rurales, así como entre diferentes clases sociales, complica la posibilidad de alcanzar acuerdos amplios para fortalecer el sistema democrático”, mencionó.

El politólogo resaltó que la incertidumbre es el sentimiento predominante entre la ciudadanía. “Los estudios de opinión reflejan que la mayoría de los bolivianos sienten que el futuro del país es incierto. Esta percepción afecta no solo la confianza en el proceso electoral, sino también la participación ciudadana y el compromiso cívico”, aseveró.

Así las cosas, la gestión de la crisis será determinante para garantizar un proceso electoral pacífico y con resultados que sean aceptados por todos los actores políticos y sociales.

Fragmentación en las fuerzas políticas

El panorama político boliviano está profundamente marcado por la fragmentación, tanto en el oficialismo como en la oposición. José Luis Exeni explicó que esta división interna podría configurar un escenario electoral más competitivo, pero también más incierto. “El MAS está fracturado en dos facciones principales: una liderada por el presidente Luis Arce y otra por el expresidente Evo Morales. Esta división no solo afecta la dinámica interna del partido, sino que también tiene implicaciones directas en la gestión pública y en el propio proceso electoral”, señaló.

En el caso del MAS, la falta de cohesión interna es evidente. Mientras que el sector liderado por Arce controla el aparato estatal, el grupo de Morales cuenta con una base social sólida, aunque limitada por restricciones legales que podrían impedir su participación en las elecciones. “Esta disputa interna no se resolverá fácilmente, y lo más probable es que ambas facciones terminen presentando candidatos separados, debilitando así sus posibilidades de éxito”, observó Exeni.

Por otro lado, la oposición enfrenta sus propios desafíos de fragmentación. Aunque desde hace dos décadas se habla de la necesidad de unidad para enfrentar al MAS, los líderes opositores no han logrado articular un proyecto común. “Existen múltiples aspirantes a la presidencia, cada uno con agendas y enfoques distintos, pero sin una propuesta clara que capture la imaginación de la ciudadanía”, explicó.

Entre los actores de oposición, algunos buscan posicionarse como alternativas radicales, mientras que otros intentan ocupar un espacio de centro moderado. “Esta falta de cohesión y visión unificada no solo dificulta la tarea de competir contra el MAS, sino que también contribuye al desencanto de los votantes”, comentó Exeni.

Además, la fragmentación no es únicamente ideológica, sino también territorial. Las alianzas regionales y las plataformas departamentales suelen priorizar intereses locales por encima de una visión nacional, lo que complica aún más la posibilidad de consolidar un frente opositor sólido. “Este fenómeno no es nuevo, pero en el contexto actual, con una ciudadanía marcada por la incertidumbre y el descontento, podría ser aún más perjudicial para las fuerzas políticas”, agregó.

En este complejo escenario, Exeni enfatizó que “el reto principal no es solo ganar las elecciones, sino también ofrecer una visión de futuro que permita superar la crisis y reconstruir la confianza en las instituciones democráticas”.

Riesgos de judicializar el proceso

La judicialización del proceso electoral se ha convertido en un riesgo real en Bolivia. Este fenómeno, que implica el uso de instancias judiciales para influir o alterar el desarrollo de las elecciones, amenaza con desestabilizar el sistema democrático del país. “El antecedente de las elecciones judiciales, donde decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) vulneraron principios básicos como el de preclusión, es un ejemplo claro del peligro que enfrentamos”, señaló Exeni.

El principio de preclusión, que establece que cada etapa del proceso electoral es definitiva y no debe revisarse ni repetirse, es fundamental para garantizar la integridad del sistema. Sin embargo, su violación en procesos recientes ha abierto un “boquete” en la institucionalidad electoral. “Esto genera un terreno fértil para que actores políticos o judiciales busquen manipular los resultados o interferir en la competencia electoral, lo que socava la confianza ciudadana”, advirtió el expresidente del TSE.

El TCP, en particular, ha adquirido un rol polémico. “Se ha consolidado como un ‘suprapoder’ que actúa por encima de los demás órganos del Estado, emitiendo sentencias que no solo son cuestionables, sino que también tienen el potencial de alterar las reglas del juego en pleno desarrollo del proceso electoral”, explicó. Según Exeni, este comportamiento no solo pone en riesgo la imparcialidad del sistema, sino que también introduce una peligrosa inestabilidad jurídica y política.

Uno de los mayores temores es que decisiones judiciales futuras puedan deslegitimar candidaturas o incluso anular elecciones. “El riesgo de que se utilicen amparos constitucionales o sentencias ‘a medida’ para favorecer a ciertos actores es real y podría desencadenar una crisis aún mayor”, afirmó Exeni. Este escenario sería especialmente crítico en un contexto ya marcado por la polarización y la desconfianza institucional.

Para mitigar estos riesgos, Exeni resaltó la necesidad de fortalecer la autonomía del TSE y garantizar que sus decisiones sean definitivas e inapelables, como lo establece la normativa vigente. “El TSE debe ser blindado de cualquier interferencia externa, ya sea política o judicial, para preservar la integridad del proceso”, subrayó.

Además, señaló la necesidad de un pacto político entre los principales actores, incluyendo partidos, instituciones y el propio TCP, para comprometerse a respetar las reglas del juego y evitar el uso de mecanismos judiciales como herramientas de sabotaje electoral. “Solo con un acuerdo amplio y una vigilancia ciudadana activa podremos evitar que la judicialización se convierta en un obstáculo insalvable para la democracia boliviana”, concluyó.