El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, rescató tres etapas del proceso electoral judicial que se lleva a cabo este domingo en el país, conforme a la normativa vigente para la ejecución y control del acto de sufragio, con el conteo, escrutinio y cómputo de los votos.

“La tarea de llevar adelante los procesos electorales no es exclusiva del Órgano Electoral, la corresponsabilidad, el desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, corresponde a los órganos del Estado, a las organizaciones políticas, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, a la organización de la sociedad civil y a la ciudadanía en general. En mérito a la norma citada de la ejecución y control del acto electoral propiamente dicho, el conteo, escrutinio y cómputo se cumple en tres grandes etapas”, dijo.

La autoridad mencionó las tres etapas durante la inauguración de la jornada electoral, que se realizó en instalaciones del OEP de la ciudad de La Paz, en presencia de los vocales del TSE, autoridades nacionales, veedores internacionales, entre otros invitados.

Hassenteufel dijo que la primera etapa está encomendada a los propios ciudadanos que, constituidos en jurados electorales, tienen a su cargo la dirección y responsabilidad de las mesas de sufragio.

“El Jurado Electoral, en cada mesa, está constituido por tres jurados titulares y tres suplentes. Los jurados de cada mesa son los encargados de recibir el voto directo, libre y secreto de los ciudadanos y de efectuar el conteo público de votos. El jurado es la única autoridad electoral competente para realizar, de manera definitiva, el conteo de votos de la Mesa de Sufragio. Los resultados de las mesas de sufragio consignados en las actas de escrutinio y cómputo son definitivos”, remarcó.

La segunda etapa dijo que corresponde al cómputo departamental, a cargo de los Tribunales Electorales Departamentales (TED), que se realiza en un acto público con la presencia de misiones nacionales e internacionales de acompañamiento, control social, delegados de organizaciones políticas, de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Indicó que el cómputo departamental debe iniciarse a las 18h00 en sesión de Sala Plena y debe concluir en un plazo perentorio de siete días. El cómputo departamental totalizará los resultados obtenidos en las actas electorales de las mesas de sufragio instaladas en el departamento correspondiente.

La tercera etapa corresponde al Tribunal Supremo Electoral que tiene a su cargo el cómputo nacional, que consiste básicamente en sumar los datos contenidos en cada una de las actas departamentales, que igualmente se realiza en actos públicos y con presencia de todas las organizaciones que participan en los cómputos departamentales.

“El Tribunal Supremo Electoral ya no tiene acceso a las actas de cada una de las mesas y, por tanto, no pueden modificar ningún dato, la información que consolida es la que le brindan los tribunales departamentales; sin embargo, cada una de las actas de todas las mesas electorales se encuentran a disposición de cualquier ciudadano en la página web del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó.

El Presidente del TSE hizo un repaso de todas las trabas por las que pasó la elección judicial, desde el anuncio de su realización, hasta finalmente llegar al día en que se debe emitir el voto.

Aseveró que esta elección se realiza en un escenario mucho más complejo del que se presentó en las elecciones generales de 2020, por la presencia de intereses diversos que “atentaron” contra el normal desarrollo del proceso electoral, por lo que se realiza con un año de retraso y de manera incompleta.

“Llegamos al día de la elección, pero lo hacemos con ánimo contradictorio; por una parte, con la satisfacción del deber cumplido, pero por otro, de profunda pena porque se trata de una elección de debió ser oportuna completa y no parcial como la que nos tocó administrar”, lamentó.

Recordó que la sentencia constitucional 770/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió, el 4 de noviembre de 2024, en pleno desarrollo del calendario electoral, declarar desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando; y declarar desierta la convocatoria para magistrados del TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

“La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral dejó constancia de que esa declaración constitucional incurría en una flagrante violación del principio de preclusión, establecido en diversas normas electorales. Dijimos también que, al ser la preclusión un principio fundamental sobre el cual se basa el sistema y el derecho electoral boliviano, la sentencia constitucional 770/2024 sentaba un funesto precedente y ponía en riesgo la realización de cualquier proceso electoral en el futuro”, recordó.

Dijo que el TSE sostuvo que la sentencia creaba una situación especial, ya que generaba la posibilidad de que el proceso de elección popular del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional se realice en dos momentos diferentes, aspecto no contemplado en la Constitución Política del Estado y en la Ley 026.

“Igualmente, genera la posibilidad de que una vez realizada la elección parcial de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional puedan coexistir dos tipos de magistrados, los denominados prorrogados por el pueblo boliviano y los que resulten electos en el proceso electoral del día de hoy lo que realmente es inaudito y tampoco se encuentra previsto en la Constitución, la Ley 026 ni en la Ley del Órgano Judicial”, señaló Hassenteufel.

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