El recuerdo del fraude electoral perpetrado el año 2019 aún está fresco en la memoria popular; dicha situación fue debidamente probada por los informes técnicos de las misiones de observación electoral de la OEA, Unión Europea y algunos profesionales bolivianos. Sin embargo, nunca olvidemos que antes del fraude electoral en Bolivia hubo fraude constitucional. Evo Morales rompió el pacto democrático con su tercera postulación aduciendo una supuesta refundación del Estado; no conforme con eso, en su cuarta postulación, produjo el quiebre definitivo del sistema democrático.

Todo fue posible gracias al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que más allá de cumplir con su misión institucional que es la de defender la Constitución, hizo tareas de control de constitucionalidad a la propia Constitución, evacuando sentencias políticas carentes de sentido y lógica jurídica, pulverizando la institucionalidad del país.

De la crisis económica saldremos de una u otra forma, será duro, sufriremos, pero saldremos cuando un gobierno responsable tome las decisiones adecuadas partiendo del diagnóstico correcto, pero de la destrucción de la institucionalidad, no será fácil, nos costará mucho tiempo. Instituciones sin valor ni razón de ser, tejido social fracturado, polarización inoculada de odio, impostura e hipercorrupción, han sido las mayores destrezas en este periodo. Adicionalmente, una fuerte dosis de andinocentrismo exacerbado, en contrasentido a la supuesta plurinacionalidad, es vista casi como una traición a la revolución democrática y cultural. En síntesis, son 20 años desperdiciados, ningún legado, solo un Estado hecho añicos.

No estoy convencido de que el año 2019 hubo un “monumental fraude” como dicen los directos perjudicados (en ese momento el candidato Carlos Mesa), pero de que hubo fraude y manipulación descarada del proceso, no cabe la menor duda, aunque después el MAS haya blanqueado el hecho en el sistema judicial mediante los vergonzosos casos denominados Golpe I y Golpe II. Empero, en esa oportunidad (2019), recuerdo con claridad de que en todas las encuestas (léase, todas), Evo Morales llevaba la delantera en intención de voto (30 a 35%) y no le alcanzaba para ganar en primera vuelta. Consecuentemente el “war room” evista, rápidamente urdió lo que a la postre fue un proceso electoral fallido que culminó con la renuncia y huida del expresidente y toda su corte de fugitivos.

En la actualidad, al presidente Luis Arce, a pesar de estar haciendo una deficiente gestión a la luz de los resultados, se lo ve muy deseoso de ser nuevamente candidato. Un coro de voces cada vez mayor señala que es el peor presidente (no especificando desde cuándo, quizás desde la recuperación de la democracia); no obstante, que sea mal presidente no significa que sea tonto, de hecho es muy listo, fue capaz de arrebatarle la sigla, el partido, la jefatura y probablemente la candidatura a su mismísimo jefe, nada más ni nada menos que al líder histórico de su partido, al hombre que le dio todo. No es poca cosa, supongo que en las huestes evistas aún se deben preguntar cómo pudieron llegar a tal situación. En fin, son cosas del masismo.

Pero lo que ahora debe realmente preocuparnos al grado de encender todas las alarmas es que el presumible candidato Luis Arce, a diferencia de Evo Morales en 2019, en todas las encuestas aparece en los últimos lugares, situación que hace que sea un candidato inviable. Con márgenes que no superan el 5 o 10 % de intención de voto, su eventual candidatura no tendría probabilidades de éxito, peor en las condiciones tan delicadas que atraviesa el país debido a la crisis múltiple (económica, institucional, política y medioambiental); con lo cual, ahora sí la sospecha de un “monumental fraude” está más fundamentada. Si el que va último en todas las encuestas termina ganando sería una actuación digna de la escuela venezolana. El peligro es inminente, en nuestro país lamentablemente la circulación del poder mediante elecciones es una condición extinta hace mucho tiempo. 

Quizás tengan un plan, el “arcismo” no parece en lo más mínimo resignado y mucho menos deseoso de abandonar la pelea electoral. Ya se deshizo del “jefazo”, ¿alguien lo hubiera creído hace cuatro años? Ahora van por la segunda fase del plan, resistir a como dé lugar hasta el día de las elecciones, recuperar electorado al costo que sea necesario, no tomar ninguna medida de ajuste en materia económica.

Para eso el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 contempla una serie de lindezas que le darán al gobierno la posibilidad de prescindir todo lo posible de la Asamblea Legislativa: desde monetizar el oro de nuestras reservas internacionales hasta disponer el ahorro de los jubilados (Gestora Pública), son acciones que probablemente ocurran. Por tanto, en materia económica podrían hacer lo que sea necesario para resistir y llegar al día “D” en condiciones medianamente competitivas, al margen de muchas otras medidas que seguramente en breve nos irán sorprendiendo.

En materia política, intentarán sabotear o dividir cualquier intento de cohesión opositora, pero si ven que los opositores estarían consolidando una estructura poderosa, podrían activar desde el Ministerio Público cuanto recurso legal persecutorio fuera necesario, totalitarismo puro y duro. Sin embargo, para materializar cualquier acción, un gobierno frágil e inepto como el actual requiere una fuente de poder capaz de sortear todos los obstáculos; sí, ya sé que usted captó de inmediato, esa fuente de poder supremo se llama Tribunal Constitucional Plurinacional.

Desde esa instancia, una mayoría (cinco) de exmagistrados autoprorrogados posiblemente evacuen las sentencias más absurdas, disparatadas e inconstitucionales que se les puedan ocurrir. Desde que rompieron el principio de preclusión y convirtieron unas elecciones nacionales en elecciones parciales, no quepa la menor duda de que serán capaces de hacer cualquier cosa para preservar el poder del régimen, inclusive postergar o anular elecciones.

Todo está en peligro, nada está garantizado, si alguien piensa que estoy exagerando o delirando le invito a ver la fotografía del pasado lunes en la que los cinco autoprorrogados del TCP inauguraron el año judicial acompañados nada menos que por el ministro de Justicia y el procurador general en ausencia de los cuatro magistrados electos. El que no quiera ver lo evidente, allá él, pero nada es casual, todo es causal.

Yo me pregunto por qué se resisten tanto a soltar el poder, qué hay que los tiene patológicamente aferrados al mismo; eso será materia para mi siguiente columna, por lo pronto hoy más que nunca, y en el año del Bicentenario, invoquemos la última estrofa de nuestro himno nacional: “morir antes que esclavos vivir”.

Franklin Pareja es politólogo.