La situación actual en Bolivia en torno a la justicia y el proceso electoral presenta un panorama complejo y polémico, con implicaciones de largo alcance para la estabilidad política y la legitimidad democrática del país. La nueva auto prórroga en el mandato de cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), junto con la designación del controvertido Magistrado Hurtado como presidente del mismo, ha incrementado las críticas y preocupaciones sobre el manejo de esta institución del Estado.

La figura del presidente del TCP, cuya trayectoria está marcada por controversias, exacerba las tensiones en un momento crítico. Su nombramiento se puede interpretar como una maniobra, en línea con la judicialización de la política en Bolivia. Esto es especialmente preocupante, porque el TCP asumió un papel que no le corresponde en la validación de los procesos electorales y en la resolución de conflictos electorales.

Las constantes suspensiones de las elecciones judiciales han restado legitimidad al sistema judicial. Esta elección plagada de irregularidades, no solo socava la confianza ciudadana, sino que también viola principios básicos del Estado de Derecho, al mantener en sus cargos a autoridades que no cuentan con la legitimidad electoral que manda la Ley.

Por otro lado, la denuncia del Tribunal Supremo Electoral sobre la falta de dólares para garantizar el voto de los bolivianos en el exterior, introduce un nuevo nivel de incertidumbre. La imposibilidad de que ciudadanos bolivianos voten fuera de nuestras fronteras es una violación directa de los derechos políticos de quienes residen en países donde la diáspora boliviana tiene una presencia considerable.

El conjunto de estos factores señalados, podría replicar lo vivido en las elecciones judiciales abriendo la puerta a acciones legales e impugnaciones por parte de los votantes afectados, lo que añade otro elemento de inestabilidad al panorama político.

Bolivia, en su Bicentenario, atraviesa una encrucijada crítica para su democracia y la estabilidad del Estado. La combinación de prórrogas, designaciones controvertidas, ausencia de una ley de escaños y carencia de divisas, amenaza con erosionar aún más la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral y judicial. 

En este contexto, es imperativo que las autoridades competentes, junto con la sociedad civil, trabajen un verdadero pacto nacional serio, no una puesta de escena como los últimos realizados, para garantizar elecciones presidenciales transparentes y legítimas, De no hacerlo, el país corre el riesgo de entrar en un ciclo de inestabilidad política que podrían comprometer la paz y tranquilidad de los bolivianos.