Es verdad que aprobar la Ley de Distribución de Escaños Electorales en plazo y forma era importante para evitar una contaminación interesada de la próxima disputa electoral. Que Santa Cruz ajuste sus escaños a su peso poblacional es importante, aunque el resultado del censo no haya confirmado el vuelco que se preveía, sin embargo, los principales desafíos del Tribunal Electoral tienen que ver con otros dos asuntos: El padrón electoral y el sistema de transmisión rápida de actas electorales.

El padrón electoral es el asunto de nunca acabar, porque efectivamente hay ciertas debilidades, como el método de inscripción geográfica, e incoherencias respecto al propio Censo, más allá del asunto de los inhabilitados y los fallecidos no dados de baja y la siempre comentada ausencia similar en todas las mesas del área urbana. El padrón es un compendio de datos sensibles en un país poco afín a la estadística y acostumbrado a creer en conspiraciones y fenómenos paranormales, donde además se reparten fotocopias de cédula, facturas de luz y agua y firmas de asistencia a eventos con una facilidad pasmosa.

El padrón es un compendio de datos sensibles en un país poco afín a la estadística y acostumbrado a creer en conspiraciones y fenómenos paranormales, donde además se reparten fotocopias de cédula a discreción

Los organismos internacionales encargados de estos asuntos, dependientes de Naciones Unidas y la propia OEA han avalado el sistema del Padrón y su transparencia, pero cualquier comentario en contra de cualquier interesado en este conflicto, es elevado a la misma categoría y arruinando cualquier trabajo para blindar la credibilidad de los datos.

En esas, el Tribunal Electoral debe prever una serie de acciones que le den credibilidad al padrón respecto a la ciudadanía, aunque sea a costa de perder cierto grado de soberanía sobre los propios datos. Obviamente no se puede poner a disposición de todo el mundo, ni se puede buscar un “juez imparcial” cuya palabra sea ley, porque siempre habrá forma de sembrar dudas, pero como fuere, el Tribunal debe lograr arrancar esa sombra de sospecha permanente sobre el padrón.

El otro asunto tiene que ver con los resultados y el convencimiento de que este país, con el momento tecnológico actual, no puede permitirse el lujo de tardar tres días en conocer resultados oficiales o depender de lo que diga una consultora privada, como sucedió de forma bochornosa en 2020.

La manipulación política de los datos de la transmisión rápida de 2019, “apagado” a conveniencia con la intención de silenciar quién sabe qué, provocó todo lo demás, pero el problema no fue del sistema, sino de quienes tomaron las decisiones políticas sobre ese sistema aun suponiendo que no hubo modificaciones sustanciales en los datos entre el sistema rápido y el oficial.

El TSE renunció a utilizarlo en 2020, también en las subnacionales de 2021 y finalmente tampoco se usó en las judiciales de 2024, pero es preciso que se recupere la fórmula e informar puntualmente del tema a los ciudadanos, pues no son ellos los “incapaces” de entender, sino los políticos que no acaban de aceptar las reglas de la democracia.

La elección está prevista precipitadamente para el 10 de agosto, puesto que en 2019 y 2020 quedó claro que no eran necesarios periodos de transición tan largos, en cualquier caso, no se debe demorar ni escatimar esfuerzos para darle las garantías suficientes al siguiente proceso.