El Tribunal Supremo Electoral ha marcado una fecha fatal para que la Asamblea Plurinacional entregue aprobado el proyecto de Ley para la Distribución de Escaños, de cara a lanzar la convocatoria electoral que tiene el 10 de agosto como fecha prevista para tal evento. El ajuste es prácticamente imperceptible: Santa Cruz ganará un curul plurinacional que cede Chuquisaca, mientras todo lo demás sigue igual, sin embargo, el acto requiere que este trámite sea formalmente aprobado y ya hay varios aficionados a las teorías de la conspiración que ven en este mínimo cambio una excusa para dilatar los plazos de la convocatoria.

Lo cierto es que no se puede confiar demasiado en una Asamblea Plurinacional que ha sido incapaz de tramitar proyectos de Ley de calado, y ni siquiera ha tenido habilidad política para aprobar presupuestos, contratos de créditos o los convenios del litio, que requerían de mínima negociación. No se puede olvidar que estas bancadas son las artífices de la desastrosa convocatoria a las elecciones judiciales que no supieron enmendar durante año y medio y que finalmente le sirvió de excusa a los auto prorrogados para suspenderlas parcialmente, y que hasta hoy no encuentran una fórmula para retomar el camino de la institucionalidad judicial.

Bolivia necesita una reflexión profunda sobre su propia sostenibilidad, sobre cómo se genera una sociedad productiva y cómo se van a atender mejor las necesidades de todos sus ciudadanos

La cuestión es que hace ya cuatro meses que se ofrecieron los resultados del censo y la mitad desde que el Tribunal remitió el proyecto de Ley técnico mientras la Asamblea, por supuesto, se encargaba de otros asuntos. Y no hubiera estado mal que en esa agenda alternativa hubiera habido alguna reflexión a fondo de los propios resultados del levantamiento de datos, que ha evidenciado un parón demográfico y una concentración excesiva en el eje central del país que generara vulnerabilidades y riesgos en el mediano plazo. Pero no.

Si se tiene en cuenta todo lo que sucedió y todo lo que costó llegar a este punto para solo modificar un escaño, la conclusión girará también sobre lo desviado que los políticos tienen sus intereses del foco de atención: Santa Cruz paró más de un mes para exigir la consulta en 2023 - que finalmente fue en 2024 – y aquel desgaste acabó por precipitar la aprehensión de su gobernador electo, y hasta hoy.

La propia ejecución del conteo generó no pocas tensiones entre las regiones que reciben migración de todo el país por motivos evidentes y las que se han convertido en expulsoras y no saben cómo explicar que la igualdad de oportunidades es otra cosa que un monto por persona.

Como fuere, tantos ríos de tinta y tanto odio destilado debería servir para algo más que cambiar un curul de circunscripción. Bolivia necesita una reflexión profunda sobre su propia sostenibilidad, sobre cómo se genera una sociedad productiva y cómo se van a atender mejor las necesidades de todos sus ciudadanos. Para eso debía servir el censo. La despoblación es un problema central en la periferia que no se resuelve con ajustes de escaños ni redistribuciones objetivas de recursos sino con visión nacional de conjunto.