Hace exactamente un año, la mayoría de los bolivianos no nos imaginábamos terminar un año así. Pero creo que lo que promete este 2025, al menos en el ámbito político, es aún más desesperanzador.

El gobierno ha ido dejando de largo temas fundamentales que requerían una urgencia en su atención y que van a terminar concentrándose en un año, que, hasta el momento, será de elecciones generales, lo que va a generar inevitablemente que la solución a estos tópicos pase por un enfoque político – electoral que busque votos antes que soluciones.

Entre la variedad de temas urgentes pendientes está el de la distribución de escaños. El tratamiento a este tema es inevitable, más en un año electoral que tiene como antecedentes una lucha regional que paró 36 días porque se lleve un censo antes del 2025, y más importante aún, que sus resultados sean aplicados antes de la elección, refiriéndose puntualmente a una nueva distribución de escaños.

Para zanjar el tema de la distribución de escaños, debemos tener muy claro que la responsabilidad cae sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, aunque sea el Órgano Electoral quien proponga la modificación al sistema de distribución de escaños, esta debe ser aprobada por Ley, y como todos sabemos, el OEP no aprueba leyes, la ALP sí. Una vez que tenemos claro el terreno en el cual se va a debatir este asunto de los escaños, vamos a exponer los tres desafíos principales que a mi parecer debe atender el legislativo boliviano.

El primero de ellos, que los actores políticos acepten los resultados del Censo 2024. Y digo actores políticos porque esto no depende sólo de la ALP, sino de todos los actores regionales, posibles candidatos, organizaciones y gobierno que han opinado sobre la veracidad de los resultados. Acá existen dos caminos: Si se aceptan los resultados del censo, vamos al siguiente paso de discusión sobre criterios de distribución de escaños; pero de no aceptarlos y pedir un nuevo censo, condicionaría a los actores a aceptar la misma distribución de escaños aprobada el año 2013, porque el nuevo gobierno que saldría de las elecciones de este 2025, recién podría programarlo para el año siguiente, el 2026.

El segundo de los desafíos radica en el trabajo técnico, los criterios para la distribución de escaños. Aunque la mayoría de los actores haya difundido a sus seguidores la idea de que a mayor población corresponde mayor cantidad de escaños de manera automática, la proporcionalidad nos recuerda que no es así. Además del criterio poblacional, existe el territorial y el grado de desarrollo económico, que son los utilizados para distribuir los escaños mínimos a cada departamento. Una vez aplicado, a las diputaciones restantes se les aplica otros criterios como a las diputaciones uninominales y las especiales indígenas.

Y ya que mencionamos las diputaciones especiales indígenas, hacemos referencia al tercer desafío. La Constitución hace una referencia poco clara a los criterios utilizados en su Artículo 146, mencionando que deben ser para una población rural y minoritaria de identidad indígena. Actualmente se escogen siete diputados indígenas en siete departamentos, dejando 123 diputaciones entre plurinominales y uninominales, para que las escoja el resto del país. Sólo dos departamentos, que son Chuquisaca y Potosí, no tienen representación indígena en la ALP porque, como se discutió en 2013, los resultados del Censo en aquel entonces les daba una población mayoritariamente rural.

Si seguimos el mismo criterio utilizado en la Ley 421, promulgada en 2013, y tomamos en cuenta los resultados del Censo 2024 y las proyecciones migratorias del INE que convierten a Bolivia en un país más urbano y metropolitano, las minorías rurales aumentarían, y por lo tanto pasaríamos de 7 diputados indígenas a 9, dejando sólo 121 diputados para elegirse por el resto del país. ¿Qué lío, no?

Como dijimos líneas arriba, esta propuesta técnica la realiza el OEP, pero debe ser aceptada por la ALP mediante Ley, por lo que las discusiones podrían enfrascarse en temas muy técnicos y guiados por un cálculo político por encontrarnos en un año electoral.

(*) Mario Vega Yáñez es docente y politólogo