Desde el ala de la oposición radical al MAS y algunos “analistas” políticos se vuelven a escuchar consignas disfrazadas de propuestas que podrían confundir al ciudadano y dañar la cultura democrática boliviana.

Estamos hablando de la consigna “un ciudadano, un voto” que lleva a hablar a algunos desubicados de unas supuestas “circunscripciones rurales y urbanas”, donde habría una especie de malestar, discriminación e incluso un supuesto complot contra los ciudadanos urbanos.

Vamos por partes, desde lo más básico. La composición poblacional de un país es muy compleja, más aún cuando analizamos las características socioeconómicas y territoriales. 

No es lo mismo, por ejemplo, cultivar soya en Santa Cruz, que papa en La Paz. Tampoco es lo mismo abrir una tienda en el centro de la ciudad de Oruro, que abrirlo en la periferia de la misma ciudad o en el municipio de Porvenir en Pando. No es lo mismo vivir en un edificio con agua potable, gas, luz en la ciudad de Tarija que vivir en Pocoata donde muy pocas familias tienen agua por cañería, baño con alcantarillado y viven en una vivienda de adobe.

Estas desigualdades reales son las que pesan, no un simple cálculo matemático. Estamos hablando de vidas, no de números. Es por esto que esos políticos ven a la gente como cualquier cosa, números, votos para llegar al poder o incluso enemigos, menos como personas con necesidades, carencias y aspiraciones.

Entonces, partiendo de ello, Bolivia diseñó un sistema electoral desde la reforma de 1997, que incorpora cambios que se mantienen hasta hoy (los cambios de la CPE de 2009 mantienen el espíritu de esa reforma, agregando el reconocimiento de representación indígena con las 7 circunscripciones especiales) que primero prioriza una mejor representación mínima a los departamentos con menor población, ya que la diferencia entre el eje troncal (72% de la población) y los otros 6 departamentos (28% de la población) es abismal, en especial con relación a Pando, que apenas representa el 1,2% de la población boliviana. Con una representación puramente poblacional, Pando solo podría aspirar a uno o dos diputados de los 130.

La segunda pauta es una asignación mínima a los departamentos con menor grado de desarrollo, medido a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide la salud (esperanza de vida), educación e ingresos. Entre 2016 y 2019 Bolivia se encontraba en la categoría de IDH “Alto”, pero por los efectos de la pandemia y las malas políticas asumidas ante el COVID-19 en el gobierno de Añez, caímos a la categoría “Medio” (Puesto 120 de 193). Potosí es el departamento con el IDH más bajo, estaría en el puesto 142 (Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2023-2024, PNUD).

Finalmente, los escaños restantes son distribuidos de manera proporcional, donde se benefician Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Se puede observar que la distribución básica de representación es departamental, de ninguna manera rural o urbana. Ahora nos referiremos a las circunscripciones uninominales, que es donde se genera esta confusión. Los criterios para conformar circunscripciones no son por población nacional, sino primero por extensiones territoriales y población departamental. Debido a las enormes diferencias entre extensión territorial y densidad poblacional, existen variaciones máximas y mínimas para equilibrar la conformación de circunscripciones uninominales.

Pero estas diferencias entre poblaciones no impactan en la distribución final de escaños a cada partido, ya que la única diferencia que resulta de la asignación uninominal en el departamento es que son los primeros en adjudicarse los escaños departamentales.

 La otra mitad de escaños plurinominales se distribuyen proporcionalmente en los resultados de cada partido, asignando los escaños que queden según la lista de cada partido. Así, se equilibra la decisión del representante uninominal con el resultado final de voto por partidos en cada departamento.