Una sentencia constitucional se sobrepone a la Constitución Política del Estado (CPE) y avala que funcionarios electos no renuncien tres meses antes de postularse a nuevos cargos públicos, explicaron constitucionalistas.

Si bien la CPE establece la inhabilitación de los candidatos “que no hayan renunciado a sus cargos al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente de la

República”, una sentencia constitucional amplía la excepción a todas las autoridades elegidas por voto.

Ayer, el candidato presidencial Manfred Reyes Villa reiteró que no renunciará a su cargo, pero sí pedirá licencia sin goce de haberes, porque la normativa se lo permite.

Para el constitucionalista Israel Quino, se trata de sentencias incongruentes y anticonstitucionales “para favorecer al poder político”.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “ha permitido mediante sentencias que los candidatos que son funcionarios públicos electos no renuncien tres meses antes en caso que se repostulen a otros cargos”.

Por lo tanto, existe un grupo de la élite política que no tiene el deber de renunciar si quiere ser candidato, lo cual es discriminatorio y vulnera el principio de igualdad en que se encuentran los candidatos. “La CPE es clara, pero a titulo de interpretar la CPE se emiten fallos políticos, serviles a las esferas del poder político”, sostuvo.

Mencionó, además, que existe un vacío normativo en la ley de Gobiernos municipales (482) de suplencias, licencias temporales con o sin goce de haberes. 

Quino plantea la modulación de la sentencia constitucional para restablecer la renuncia tres meses antes del día de las elecciones, como requisito indispensable para las candidaturas.

Sobre el tema, el abogado constitucionalista y exmagistrado Marco Antonio Baldivieso explicó que la habilitación para candidaturas está regulada por el principio de igualdad y los postulantes deben presentarse en iguales condiciones. 

“El propósito de la CPE es equilibrar la condición de todos los postulantes. No es lo mismo que un ciudadano de a pie se presente de candidato a un Presidente del Estado u otra autoridad que puede usar todo el aparato estatal, el dinero público, los medios de transporte y funcionarios para su beneficio”, señaló.

Coincidió con Quino en la necesidad de modular las sentencias para recuperar las condiciones de igualdad y equilibrio de los candidatos.