Para los pueblos indígenas el 2024 ha sido un año “negativo” porque se enfrentan a una “muerte silenciosa”, mientras que para el medioambiente “definitivamente esta gestión ha sido uno de los peores de la historia de Bolivia”, sostiene el líder indígena Alex Villca.

“El balance de la gestión 2024 definitivamente es quizás uno de los peores que hemos atravesado en la historia de  Bolivia«, comenta en relación al impacto medioambiental y social de los incendios, porque “nunca antes habíamos perdido tanta cantidad de bosque y pastizales. 10 millones de hectáreas se han calcinado”, precisa. Un informe a septiembre de 2024 de la Fundación Tierra concluyó que los incendios destruyeron 10,1 millones de hectáreas. Aunque los incendios continuaron mucho después y el dato puede elevarse mucho más. La institución prevé un nuevo reporte hasta el último día de las quemas.

En  Santa Cruz, se han destruido 6.916.700 hectáreas, convirtiéndose en el epicentro del desastre. Beni, por su parte, ha perdido 2.905.900 hectáreas. Estos dos departamentos son esenciales para la biodiversidad del país.

A esta situación se suma el “alarmante” ritmo de deforestación; asimismo el “desmesurado crecimiento de la minería aurífera”, sin control y regulación, lo que no deja de ser una “tremenda preocupación”, y la sequía que ha agravado el escenario.

Villca se refiere al uso de metales tóxicos como el mercurio en la minería aurífera, que en los últimos años se ha expandido, que hace daño a los cuerpos de agua, a los ríos, a los acuíferos; y que al ser un metal volátil puede causar problemas en el ambiente”, afirma.

Hay actividades que como la deforestación y los incendios -en su criterio- están muy conectados a la ampliación de la frontera agrícola por lo tanto el agronegocio y la ganadería.

“La política extractivista no solo tiene que ver con la minería, sino con la explotación hidrocarburífera”, afirmó, al mencionar la situación de la reserva de Tariquía en el departamento de Tarija, donde se ha judicializado a los defensores ambientales y territoriales que cuidan su patrimonio natural.

“Son judicializadas por su rol de defensa del territorio y su entorno natural y eso es penoso para todos quienes son responsables de cuidar la riqueza y el equilibrio ambiental tan frágiles”, sostuvo Villca.

Los pueblos indígenas viven una “muerte silenciosa”

En relación a los pueblos indígenas, el balance es similar, el líder indígena calificó de “negativo” para las aspiraciones que tienen las naciones indígenas, ya que por los desastres que viven a causa de los incendios están siendo condenados a una “muerte silenciosa”.

La destrucción de sus comunidades como consecuencia de las descontroladas quemas “está forzando salir a las grandes ciudades”, lo que gradualmente va a provocar apartarlos de sus territorios, de su identidad cultural, del patrimonio natural donde siempre han vivido y generando pobreza.

“La amenaza más grande que sufrimos es el despojo de nuestros territorios ancestrales, la perdida de nuestros medios tradicionales de vida producto del endurecimiento del modelo extractivista, el agronegocio ha sido el que ha tomado mayor fuerza y ha impactado en una gran mayoría de los pueblos indígenas, aquellos que viven en la Amazonía hemos sufrido el rigor de este modelo de desarrollo”, menciona.

“No vemos aspectos favorables para los pueblos indígenas”, comenta, dice que la destrucción de los bosques y territorios, el uso desmesurado de mercurio está contaminando sus entornos naturales de vida por ejemplo de los t’simanes, ese eja, uchupiamonas, entre otros.

“Los pueblos indígenas estamos en alto riesgo de perder nuestros modos de vida, la destrucción de los medios tradicionales de vida, nos están condenando a migrar de nuestros territorios”, comenta Villca, miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).

Lamentó que el rol del gobierno nacional no haya sido frenar el avasallamiento y contaminación de los territorios indígenas, sino promover esas actividades. “No cumple su rol de fiscalización contrariamente son los facilitadores”, incluso de actividades ilegales como sucede en la minería aurífera.

Teme que este enfoque de desarrollo ahonde los problemas porque producto de la crisis económica, el gobierno ve como alternativa ingresar a las áreas protegidas para seguir su política extractiva. “El gobierno está del lado del poder económico (…) El gobierno ha dejado en estado de indefensión a los pueblos indígenas”, advierte.