El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que las elecciones generales se llevarán a cabo el domingo 10 de agosto. Sin embargo, advirtió que, para enfrentar este proceso, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe aprobar con urgencia la Ley de distribución de escaños parlamentarios. Además, expresó su preocupación por la falta de garantías para asegurar el voto de los ciudadanos bolivianos en el exterior.

El pasado viernes, durante el acto de inauguración del Año Electoral, su presidente, Oscar Hassenteufel, confirmó que las elecciones generales están previstas para el 10 de agosto, por lo que la convocatoria a los comicios se lanzará cuatro meses antes, es decir, el 10 de abril, según mandan las normas electorales.

TECNOLOGÍA

En su intervención, la autoridad electoral, anunció que este proceso será transparente mediante la implementación de una plataforma tecnológica con datos actualizados.

“Este sistema informático jurisdiccional es una herramienta clave para garantizar una administración de justicia electoral eficiente y un proceso electoral transparente y accesible” afirmó Hassenteufel.

Explicó que la plataforma ya está en desarrollo y que proporcionará “eficiencia, transparencia y seguridad” en el manejo de la información, y además permitirá el registro y seguimiento de los procesos electorales “desde su inicio hasta la resolución final con información actualizada”.

Para garantizar transparencia en el proceso, el presidente del TSE anunció además que se realizará “una revisión completa” del padrón electoral para verificar su fiabilidad y seguridad.

ESCAÑOS

Para el Órgano Electoral, una de las principales tareas a realizar en esta gestión es la delimitación de circunscripciones, para lo cual requiere que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) trate y sancione a la brevedad la Ley de distribución de escaños.

Según Hassenteufel, la revisión es necesaria debido a que el registro actual presenta “algunas anomalías que no pudieron ser subsanadas con motivo de la elección presidencial de 2020”, dado que la Ley 1266, del 24 de noviembre de 2019, dispuso que dicho proceso electoral debía realizarse con la delimitación de circunscripciones previamente publicada por el Órgano Electoral.

Días atrás, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, afirmó que el plazo “fatal” para la aprobación del proyecto de ley de distribución de escaños es hasta el 15 de enero. Destacó que, de no ser tratada y aprobada antes de esa fecha, se mantendría vigente la ley anterior.

En octubre de 2024, el TSE remitió a la ALP el proyecto de ley para la nueva distribución de escaños, basado en los datos del Censo Nacional 2024.  Según la propuesta, Santa Cruz, el departamento con mayor población, pasaría de 28 a 29 curules en la Cámara de Diputados, mientras que Chuquisaca sería el único departamento que reduciría su representación.

EN 2025

El Presidente del BCB consideró que en la medida que se cumplan las políticas diseñadas por el Gobierno en el Presupuesto General del Estado 2025 y se pueda “materializar” las fuentes de financiamiento, “este año también tendríamos un incremento interesante en materia de reservas internacionales”.

TSE cierra regularización de partidos 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que procederá al cierre del proceso de regularización de partidos políticos durante el primer trimestre de 2025. Por lo tanto, las organizaciones políticas deberán cumplir con los requisitos legales y administrativos establecidos por el Órgano Electoral.

El cierre de este proceso implica que los partidos políticos deberán haber cumplido con los procedimientos establecidos y, probablemente, ya no podrán realizar modificaciones en sus estatutos o funcionamiento sin ajustarse a las normativas vigentes.

Durante el informe de gestión y rendición pública de cuentas, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, precisó que, a principios de 2025, el país cuenta con 161 organizaciones políticas: 13 partidos de alcance nacional, 31 agrupaciones ciudadanas departamentales, 93 agrupaciones ciudadanas municipales y 24 organizaciones pertenecientes a naciones indígenas originarias campesinas.

Además, en esta gestión se prevé el desarrollo de reformas normativas sobre las organizaciones políticas “con el propósito de facilitar su intermediación entre la sociedad y el poder público”, remarcó Hassenteufel.