La Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad un proyecto de ley que tiene como objetivo garantizar la realización de las elecciones judiciales previstas el 15 de diciembre, mientras que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso que las mismas se efectúen de manera parcial, en cumplimiento a la notificación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la que se dispone la “prosecución” del proceso electoral parcial.

La nueva norma “Ley Excepcional y Transitoria para garantizar las elecciones judiciales 2024” fue aprobada en grande y el detalle por las fuerzas políticas que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle y siendo la Cámara de Senadores, la cámara de origen, queda aprobado el presente proyecto de ley y se remite a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión”, anunció el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

ELECCIONES PARCIALES

El TSE cuestionó que los Órganos Legislativo y Ejecutivo no hayan cumplido con los compromisos asumidos tras el denominado “Segundo Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia”.

“Luego de un análisis de la sentencia y de las declaraciones públicas que se emitieron después del Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, la Sala Plena del TSE ha decido continuar con la Elección Judicial en el marco que establece el citado auto (constitucional)”, señala un pronunciamiento emitido por el ente electoral.

En el documento se explica que esta determinación es asumida porque pese a los compromisos adoptados no se han garantizado las condiciones necesarias para llevar adelante el proceso electoral de manera integral.

“Desde la Asamblea Legislativa no se ha emitido de manera inmediata un pronunciamiento que rechace la sentencia constitucional 0770/2024, ni se ha aprobado una ley que proteja a las autoridades electorales de ser procesadas penalmente por sus acciones en el ejercicio de sus funciones electorales, por el contrario, algunos han manifestado que se debe acatar ese fallo”.

Asimismo, se advirtió que la parte demandante ha solicitado congelar los    desembolsos económicos para la continuidad del proceso, a esto se suma que algunos representantes del Órgano Ejecutivo hayan emitido declaraciones alentando el cumplimiento de esa sentencia.

“Esto genera incertidumbre de contar con los recursos económicos para dar continuidad a este proceso de manera integral como lo hemos defendido hasta ahora, quedando prácticamente solos en nuestra postura (…). Le decimos al pueblo boliviano, que este Tribunal Electoral sólo se debe a la voluntad soberana y en este marco actuará”, finaliza la nota.

OPOSICIÓN

Ante esta situación, asambleístas de la oposición exigieron garantizar el proceso y honrar los compromisos que se dieron en el encuentro multipartidario relacionados a este tema.

Creemos conminó a la Presidencia de la Cámara de Diputados a convocar a sesión “con carácter de urgencia” para aprobar el proyecto de ley corta remitido por el Senado con miras asegurar y garantizar la realización integral de estos comicios.

El pronunciamiento de Creemos advierte sobre un “plan macabro” para orillar a los vocales del TSE a su renuncia ante el riesgo de juicios ordinarios por incumplimiento de deberes, y otros, y dejar al ente electoral imposibilitado de convocar a las elecciones presidenciales que deben realizarse en agosto del 2025.

“Todas las fuerzas políticas expresan el respaldo al Tribunal Supremo Electoral en todas las acciones que se ejecuten para garantizar las elecciones o judiciales de forma íntegra a realizarse el 15 de diciembre”, sostuvo el asambleísta departamental Zvonko Matkovic.

La norma aprobada por el Senado ayer ratifica las listas de candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa y en su contenido defiende que el proceso electoral judicial es único y exclusivo, invoca el principio de preclusión de los procesos electorales y señala que el “TCP en sus fallos deberá velar por el desarrollo de las elecciones judiciales 2024”.

Mientras tanto, desde Comunidad Ciudadana rechazaron la decisión del TSE de acatar el auto constitucional y así someter su propia responsabilidad a la “voluntad y los planes políticos del Gobiermo y de los miembros autoprorrogados del TCP”.

1. “Pedimos seriedad y coherencia a los vocales del TSE (…) La resolución espuria de los miembros del Tribunal Constitucional es tan nefasta como la obediencia del Tribunal Electoral. El cambio de posición cuestiona su discurso de apego a la Constitución, cumplimiento del mandato popular, preclusión, separación de poderes e independencia”, advirtieron desde el bloque naranja. (EL DIARIO/agencias)