Tras la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de proseguir con el proceso de elecciones judiciales, de forma parcial, tal como dispuso una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), especialistas señalan que esta instancia sobrepasó sus competencias y atribuciones, provocando un conflicto entre órganos del Estado, por otro lado, afirman que el respaldo del poder político fue solo moral y no efectivo.
En declaraciones a EL DIARIO, el abogado constitucionalista Williams Bascopé, puntualizó que toda sentencia que emane del TCP tiene la característica de ser de cumplimiento obligatorio y no deja posibilidad para un recurso posterior, esto según el ordenamiento jurídico nacional; sin embargo, debe observarse que en la polémica sentencia que ordena continuar “parcialmente” con los comicios judiciales, se pasó por alto un principio casi universal en un Estado de Derecho, “la preclusión en temas electorales”.
Según el especialista, con la Sentencia 0770/2024, posteriormente ratificada por el Auto Constitucional 0084/2024-SA, el TCP ha sobrepasado sus atribuciones para interpretar la Constitución al no apegarse estrictamente a los principios expresados en la Constitución Política del Estado (CPE).
“Esto no es un dibujo libre (…). En ninguna parte se señala que el TCP puede entrar a interpretar o manosear de la manera más obscena el principio de preclusión, hecho que además provoca gran inseguridad jurídica”, sostuvo.
En este sentido, Bascopé indicó que son las actuales circunstancias, sumadas a la sentencia del TCP, las que impiden al Tribunal Electoral, como Órgano del Estado con poder de ejecutar procesos eleccionarios, el poder cumplir plenamente con sus funciones, al tener en frente un ente supuestamente “guardián de la Constitución y su máximo interprete”, ordenando otra cosa y generando un conflicto entre órganos del Estado, demostrando además, haber sobrepasado lo permitido por la Constitución.
Apuntando que, si se toman en cuenta cuestiones netamente jurídicas, en este conflicto el TSE tiene todas las de perder, porque si no se obedece una sentencia constitucional, esto puede derivar en un proceso penal y la aprehensión de sus vocales.
“Fue por eso que los vocales exigían que el poder político viabilice la aprobación de una normativa para modificar la Ley 044, incluyéndolos como autoridades con la posibilidad de ser juzgados mediante un juicio de responsabilidades (…), lamentablemente políticos solo dieron un respaldo moral, que no fue efectivo”, dijo.
De acuerdo con el jurista, fue ese el motivo para que la Sala Plena del TSE, en orfandad, haya determinado acatar las disposiciones de un tribunal, no solo cuestionado por la legalidad de su mandato, sino por emitir fallos completamente distorsionados, con los que, además, se adelantan varios problemas futuros.
El lunes de esta semana, tras conocerse el contenido de la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 con la que los magistrados René Yván Espada y Gonzalo Miguel Hurtado de la Sala Constitucional Cuarta del TCP, declararon desierta la convocatoria a elección de magistrados para el TSJ en dos departamentos y para el TCP en otros cinco, el Tribunal Supremo Electoral convocó al denominado “Segundo Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia”, evento en el que autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo, además de líderes políticos, rechazaron dicha sentencia, reafirmando la realización de las Elecciones Judiciales 2024 con el respectivo respaldo al Órgano Electoral, además de otros compromisos.
Entre ellos, garantizar los recursos económicos necesarios ya presupuestados para la ejecución de las Elecciones Judiciales, la emisión de un pronunciamiento inmediato de la ALP rechazando la Sentencia Constitucional 0770 y considerar la modificación de la Ley 044 incluyendo en sus disposiciones a los, vocales del TSE.
El miércoles, tras recibir la respuesta a una “solicitud de complementación, aclaración y enmienda” cursada por el Órgano Electoral al TCP, esta instancia dispuso “la prosecución del proceso electoral de forma parcial”, por lo que la Sala Plena del TSE confirmó su cumplimiento, cuestionando que desde los órganos Legislativo y Ejecutivo no se haya cumplido con los compromisos asumidos en el encuentro del lunes.
Se explicó que la determinación fue asumida porque pese a los compromisos adoptados no se garantizaron las condiciones necesarias para llevar adelante el proceso electoral de manera integral. “Desde la Asamblea Legislativa no se ha emitido de manera inmediata un pronunciamiento que rechace la sentencia constitucional 0770/2024, ni se ha aprobado una ley que proteja a las autoridades electorales de ser procesadas penalmente por sus acciones en el ejercicio de sus funciones electorales, por el contrario, algunos han manifestado que se debe acatar ese fallo”, señala el pronunciamiento del TSE.
La decisión fue duramente cuestionada por legisladores en el oficialismo y en la oposición, quienes, pese a no haber cumplido con los compromisos ya mencionados, destacaron la aprobación en el Senado del Proyecto de Ley “Excepcional y Transitoria para garantizar las Elecciones Judiciales 2024”.
Según Bascopé, la continuidad de las elecciones judiciales “de forma parcial”, podría derivar en la conformación de un TCP mixto, con magistrados electos y otros que se mantengan gracias a la autoprórroga, lo que además abre cuestionamientos sobre los plazos para completar estos tribunales y los tiempos de gestión.
“Es una situación totalmente anómala y distorsionada que los magistrados autoprorrogados del TCP van a ocasionar, lo que va traer problemas serios a futuro”, indicó el jurista, apuntando que la posibilidad de llevar adelante una “elección fragmentada”, atenta contra principios constitucionales y abre la posibilidad de que los procesos para completar los tribunales afectados afecten la realización de comicios nacionales y subnacionales, forzando otro tipo de prórrogas.
“Esto permite interpretar que el TCP es parte del brazo operativo del actual gobierno”, finalizó.