Los resultados de estas Elecciones Judiciales “parciales” no cambiarán en nada la Administración de Justicia: el vigente sistema continuará; no mejorará la calidad del servicio que debe brindarse a la población; no se recuperará la independencia de los Órganos del Estado; la CPE seguirá siendo pisoteada; los politiqueros continúan usando a la población.

Frente a ello, tomemos en cuenta que estas Judiciales “parciales” son la ruta previa de las posibles Elecciones Generales de agosto de 2025, y hay muchos aspectos a tomar en cuenta:

Lo primero, que ya se tiene una cantidad de mesas y recintos de votación establecidos, y un Padrón Electoral consolidado.

Lo segundo, que el poder político tiene todos los recursos a su favor, por lo que para 2025, el accionar y control ciudadano sobre todas y cada una de las etapas electorales deberá ser más férreo, y acompañado de la tecnología. Si bien a los ciudadanos se nos pide muchísimo esfuerzo, debemos seguir en esta tarea de defensa de la democracia.

Lo tercero, que los procesos electorales ya no se definirán solamente por cantidad de votos, sino de manera judicial, y hemos visto que el TCP y la Administración de Justicia ya sentaron un pésimo precedente: el que una sola persona pueda paralizar elecciones; imagínense el escenario donde se realicen Elecciones Generales “parciales”, y que en las regiones donde quienes tienen el poder pudieran perder, las paralicen o suspendan “hasta nuevo aviso”, y que solamente las permitan en los departamentos donde puedan ganarlas. A ese camino nos estamos dirigiendo.

Lo cuarto: debido a la vigencia del artículo 88 (parte última) de la Ley N° 026 de 30 de junio de 2010 (Ley del Régimen Electoral), que prohíbe al TSE realizar dos procesos electorales diferentes al mismo tiempo, si el TCP lo deseara, ya que es el nuevo suprapoder que opera por encima de la propia Constitución Política, las Elecciones Judiciales parciales parte II pueden ser realizadas en 2025, desplazando a 2026 las Elecciones Generales, y prorrogar a todos los del Órgano Legislativo y Ejecutivo.

Quinto: hemos visto que los acuerdos políticos no sirven, ya que el TSE pidió a los políticos garantizar Elecciones Judiciales completas, pero, a cambio, tuvimos parciales.

Sexto: debemos terminar inmediatamente el mandato ilegal e ilegítimo de los magistrados autoprorrogados.

Lo aseverado no solamente son dudas razonables, sino la realidad que se vive; el sistema político vigente está agonizando, y, por eso, sus estocadas serán más fuertes, no solamente en contra de la Constitución, sino en contra de nuestros derechos individuales y colectivos; los grandes cambios jamás fueron regalo de la clase política, sino de la lucha ciudadana, y, hoy más que nunca, debemos poner el país al hombro para la Bolivia que se quiere.

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