Bolivia tocó fondo este 2024. La crisis institucional en el país, que se manifiesta claramente en la situación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el sistema judicial y la labor de la Asamblea Legislativa, son los temas que debilitaron la democracia boliviana en esta gestión. La autoprorrogación de los magistrados, cuyo mandato concluyó el 31 de diciembre de 2023, plantea serias dudas sobre las decisiones que emite esta instancia.

Bolivia tocó fondo este 2024. La crisis institucional en el país, que se manifiesta claramente en la situación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el sistema judicial y la labor de la Asamblea Legislativa, son los temas que debilitaron la democracia boliviana en esta gestión. La autoprorrogación de los magistrados, cuyo mandato concluyó el 31 de diciembre de 2023, plantea serias dudas sobre las decisiones que emite esta instancia.

La continuidad de los magistrados en sus cargos no fue un hecho aislado este 2024. Esta decisión refleja un problema estructural más profundo que requiere atención. Este año, se recordó 42 años de la recuperación la democracia. Ese logro se vio en riesgo por la labor que desarrollan los magistrados judiciales y constitucionales. La primera estocada llegó con la Declaración Constitucional 049/2023, que establece la prórroga de mandato de magistrados y consejeros electos en 2017. A pesar de que el 15 de diciembre se celebraron las elecciones judiciales, siete magistrados siguen en funciones de manera indefinida.

Incluso, dos magistrados del TCP -Gonzalo Hurtado e Yván Espada- dictaron la sentencia 0770/2024 que declara desierta, en parte, la convocatoria a elecciones judiciales para autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando porque no se habrían cumplido requisitos en el proceso de preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa. Ambos magistrados también dispusieron que no se realicen los comicios judiciales para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

El tercer fallo controversial -también emitido por Espada y Hurtado- es la sentencia 0776/2024-S4 que valida el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista que se realizó en mayo de 2024 en El Alto y que eligió al dirigente campesino Grover García como presidente en reemplazo de Evo Morales. Esta determinación dirimió la larga pugna interna del partido oficialista o al menos fortaleció al bloque arcista que, de inmediato, celebró la sentencia. En el lado evista no aceptaron el fallo y anunciaron una batalla legal.

Otro punto frágil que debilitó la democracia fue el escaso trabajo que realizó la Asamblea Legislativa, a la cabeza de David Choquehuanca. Fueron muchos bochornos al interior del edificio legislativo, pero también la institucionalidad se quebró por las pocas leyes que aprobaron los asambleístas. Ninguna de las normas son iniciativas de los legisladores nacionales.

El último bochorno sucedió el 8 de noviembre cuando asambleístas del bloque evista evitaron la instalación de la sesión, en la que Luis Arce iba a emitir un informe, con una serie de acciones violentas, en las que incluso lanzaron tomates, arreglos florales y hasta echaron agua en contra del vicepresidente Choquehuanca.

Ese día, Choquehuanca pidió disculpas “por esta actitud bochornosa en la Asamblea” y anunció que iba a emitir “un comunicado oficial”. El MAS se encuentra fraccionado entre evistas y arcistas. En medio de sus continuas peleas, ya provocaron varios hechos de violencia en la Asamblea y también fuera de ella.

Otro factor que provocó el debilitamiento de la democracia es la dura crisis judicial que atraviesa el país. Las elecciones judiciales no resolverán esta crisis debido a que este proceso se realizó de manera parcial. Ahora, se eligieron a 19 de las 26 altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP.

Los magistrados legítimamente elegidos deberán convivir con prorrogados, acción que golpea la institucionalidad judicial. Hay siete magistrados que continuarán ejerciendo sus funciones, según manda la D.C. l 049/2023, que amplió su mandato constitucional hasta que asuman las nuevas autoridades electas.

Los magistrados autoprorrogados ejercen funciones de manera ilegal y abusiva, lo que constituye una violación clara de la Constitución Política del Estado”.

Un caso sin resolver

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El 26 de junio se vivieron tres horas de tensión en La Paz. Vehículos blindados y efectivos militares vestidos con traje de campaña se apostaron en las esquinas de la plaza Murillo a la cabeza del exgeneral Juan José Zúñiga, quien supuestamente intentó tomar el poder con armas.

Crisis profunda del TCP

 

La actual situación del TCP no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una serie de maniobras políticas diseñadas para consolidar el poder. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé sostiene que existe una “maquinación orquestada” entre el Ejecutivo, especialmente desde el ala arcista, con ciertos sectores del sistema judicial.

Crisis en el legislativo

 

El diputado Jerges Mercado (MAS) aseguró que la crisis institucional en el Legislativo se agravó por la falta de legitimidad de la actual directiva de la Cámara de Diputados. El legislador denuncia que la elección de Omar Yujra como presidente de la Cámara Baja fue un proceso irregular, marcado por la violación de normativas internas.