Para nadie es un secreto que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha copado la mayoría de los poderes del Estado, aquellos que la constitución denomina “órganos”.

Controla, por esencia, el Órgano Ejecutivo y lo hace también en el Legislativo donde ya se ha visto que, más que gobernabilidad, los dos tercios son utilizados para aplicar una hegemonía perniciosa para quienes no forman parte del oficialismo. Y aunque se hable, teórica y líricamente, de independencia de poderes, ya está más que comprobado que controla el Órgano Judicial y todo lo que es administración de justicia, lo que incluye a la magistratura coadyuvante del Ministerio Público y a la auxiliar Policía Boliviana.

El control que se ejecuta sobre el Ejecutivo y legislativo es directo, de manera desembozada, pero, para el Judicial, todavía se quiere guardar las apariencias. Los hechos, empero, demuestran que jueces, fiscales y policías están sometidos al gobierno, aún en el manejo de las denuncias y procesos judiciales.

El modelo de economía plural que propugna el actual gobierno está basado en el intervencionismo estatal. Eso requiere que el Órgano Ejecutivo sea fuerte y con principio de autoridad. Para alcanzar esto último necesita al Ejército y la Policía. Eso explica que estos sectores sean tratados con preferencia, particularmente en lo salarial. El gran problema es que la línea entre autoridad y autoritarismo es muy delgado, y, como se ha visto infinidad de veces, el MAS la traspone constantemente.

Hasta hace poco, la prueba de fuego para la democracia boliviana iban a ser las próximas elecciones presidenciales. El presidente y vicepresidente del Estado están impedidos constitucionalmente de volver a ser candidatos; sin embargo, el gobierno ha estado propugnando abiertamente la repostulación del jefe de Estado pese a que la posibilidad fue rechazada incluso por un referendo vinculante.

Pero ahora aparece otra prueba en el camino, la realización de elecciones primarias como consecuencia de una Ley de Organizaciones Políticas que el gobierno se ha apresurado en aprobar a través de uno de sus satélites, el Órgano Legislativo.

Si se realizan esas elecciones, y el presidente —o el vicepresidente, o ambos— se presentan como postulantes a ser nominados candidatos, tendríamos el anticipo de lo que sucederá en las presidenciales: una candidatura anticonstitucional y, por lo tanto, ilegal. Como las primarias son elecciones partidarias, se da por descontado que Evo Morales será ungido candidato del MAS. Eso le daría un tinte de legitimidad a su inconstitucional candidatura y sería el trampolín para su repostulación. Con todo, su nueva candidatura, y un eventual triunfo, lo apartarían definitivamente del marco constitucional y su gobierno se convertiría, tanto en los hechos como legalmente, en una dictadura.

Pero ha surgido un escollo a esta marcha precipitada hacia la violación constitucional: el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha expresado reparos a las elecciones primarias y ha recordado, también, que ya asumió una posición institucional frente al referendo del 21 de febrero.

El vocal Antonio Costas, a quien se conoce por haber modernizado el registro civil, ha admitido que la sala plena del OEP reconoció el carácter vinculante de los resultados del referendo del 21F y procederá en consecuencia. Se trata de una luz de esperanza en un panorama oscurecido por los temerarios intentos del gobierno de violar la constitución repostulando a Morales.

Pero el OEP no es enteramente independiente. En su sala plena existe gente muy vinculada con el gobierno y tal vez esta podría desequilibrar la balanza. Con todo, la presidenta, Katya Uriona, ha anunciado que el Órgano Electoral se pronunciará este miércoles sobre las primarias. Será otra prueba. Ahí sabremos cuán independiente es este poder estatal y cuánto ha avanzado el MAS en el control del Estado.