El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Quispe, propuso que los vocales del máximo órgano electoral sean incluidos en la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades para garantizar la independencia y protección jurídica del proceso electoral de 2025. La solicitud fue presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y busca blindar los comicios de interferencias judiciales.

“La única condición para blindar las elecciones 2025 es que los vocales estemos en la Ley 044. Esto debe aprobarse antes de las elecciones presidenciales previstas para agosto”, indicó Quispe en declaraciones a RTP.

La Ley 044, vigente desde 2010, establece los procedimientos para juzgar a altas autoridades del Estado, incluyendo a la presidencia, vicepresidencia y miembros de órganos judiciales, pero no contempla a los vocales del TSE. Según el documento presentado por Quispe, esta omisión los deja vulnerables a juicios ordinarios que podrían desestabilizar sus decisiones en pleno proceso electoral.

La propuesta del TSE, que cuenta con cuatro artículos, una disposición transitoria y una disposición derogatoria, fue aprobada en sala plena del tribunal y enviada a la presidencia de la ALP el 15 de mayo de 2024. En ella se argumenta que la falta de inclusión en la Ley 044 expone a los vocales a posibles represalias legales motivadas por descontento hacia sus decisiones, poniendo en riesgo la autonomía electoral.

Tahuichi Quispe subrayó la urgencia de la modificación, especialmente tras antecedentes como la anulación parcial de las elecciones judiciales por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Este proceso electoral presidencial no tiene que ser tocado por ningún juez, por ningún tribunal. La Asamblea Legislativa tiene que incorporar a los vocales del TSE a la Ley 044 como punto de partida para garantizar elecciones imparciales”, afirmó.

De ser aprobada, la reforma permitirá que los vocales sean juzgados por la ALP en caso de denuncias vinculadas a sus funciones, salvo que se determine responsabilidad penal, que sería tratada por la justicia ordinaria. La medida busca evitar escenarios que paralicen o afecten la realización de las elecciones generales de agosto de 2025.