Los bolivianos sufragaron el pasado 15 de diciembre de manera parcial a los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional en una inédita elección que inició con tropiezos más de un año antes y cuyo proceso enfrentó varias cortapisas interpuestas sobre todo por el oficialismo, que tuvo como escenario de batalla dos frentes: la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuyos magistrados fueron determinantes para esos comicios que concluyeron con ese sufragio a medias. En Beni y Pando no se eligieron magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); además, en esos dos departamentos, además de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, los votantes se vieron impedidos de optar por uno de los candidatos al TCP. El motivo: la Sentencia Constitucional 0770/2024 determinada por la sala Cuarta Especial, que validó un fallo previo de un tribunal de Beni sobre la declaración de desierta de convocatoria en esas regiones por supuestas transgresiones a la convocatoria de las elecciones judiciales.

No obstante, ese fue el corolario de una serie de acciones que impidieron que el proceso de preselección se materialice más de un año antes, ya que el 27 de marzo de 2023, la ALP aprobó el proyecto de convocatoria para la preselección judicial; sin embargo, poco más de dos semanas después, el 13 de abril de ese año, la Sala Constitucional del Beni dejó sin efecto ese proceso, en tanto no se subsanen las observaciones que hizo el abogado Miguel Ángel Balcázar a un artículo que fue objetado en la normativa. El 20 de abril de ese año, nuevamente se efectúa una nueva convocatoria y reglamento; empero, un recurso fue presentado por el diputado de la agrupación Creemos Fabián Ayala ante el TCP, que emite un fallo el 31 de julio que los declara inconstitucionales y devuelve al Órgano Legislativo la responsabilidad de generar consensos para que se efectúe un nuevo proceso de preselección de candidatos a las judiciales que se respalde en una Ley que debía ser aprobada por dos tercios sí o sí.

En sujeción a dicha resolución del Tribunal Constitucional, el 31 de agosto del año pasado se emite una ley transitoria para esas justas en las que se contempla una disposición transitoria que reza que los magistrados tenían que abandonar sus cargos el 2 de enero de 2024, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que su mandato fenece en seis años, los cuales son improrrogables, y que serán los subalternos de los cuerpos del Órgano Judicial y del TCP quienes tendrán la misión de atender las causas mientras se eligen a las nuevas autoridades judiciales.

El TSJ solicita el control constitucional de esta norma al TCP y, finalmente, el 12 de diciembre del 2023, emite la Declaración Constitucional 049/2023, que prorroga el mandato de todos los magistrados del Órgano Judicial hasta que se elija por el voto popular a sus reemplazantes; a partir de ahí, las altas autoridades judiciales son bautizadas como los ‘autoprorrogados’, por la determinación tomada por ellos sin tomar en cuenta lo que manda la CPE al respecto, hecho que supuso el rechazo de políticos y juristas por este ‘fallo inconstitucional’. Es más, a raíz del fallo, surgió la necesidad de generar una reforma constitucional para cambiar la forma de elegir a los miembros de los altos tribunales de Justicia; este grupo de juristas independientes impulsaron un referéndum para el efecto, porque cuestionaban las fallas en la administración de justicia en el país debido a que la intromisión del poder político en las elecciones conseguía magistrados ‘serviles’. La iniciativa no logró la cantidad de firmas suficientes, sus miembros apuntaron al gobierno por la campaña en su contra.

“La apuesta principal de la reforma constitucional de 2009, que fue la elección de las altas autoridades de la judicatura por voto popular, ha fracasado. Se ha generado más bien un esquema de captura política, arbitrariedad y desmantelamiento institucional del sistema de administración justicia, creando una situación de impunidad estructural, afectando la posibilidad de una genuina rendición de cuentas. Las actuales autoridades judiciales han perdido toda capacidad y credibilidad para transformar el sistema de justicia, y menos aún para encarar la impunidad por violaciones de derechos humanos y actos de corrupción cometidos en este período”, critica el experto Ramiro Orías.

Pero, el problema no acaba ahí. El 31 de enero de 2024, el TCP emitió una medida cautelar en la que ordena a la ALP acatar lo dispuesto en la declaración constitucional que prorroga su mandato, la 049/2023. Esto implica que la ALP debe tratar el “proyecto de ley transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024” presentado el 31 de agosto de 2023, para poder continuar con el proceso de preselección judicial. Esto significa que, por séptima vez, se tiene que paralizar el trabajo que se llevaba adelante en la ALP.

Días más tarde, exactamente el 6 de febrero, la Asamblea Legislativa sanciona por más de dos tercios el Proyecto de Ley N° 144/2023-2024 “Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024”, con el objetivo de regular las elecciones judiciales y garantizar su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la CPE y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0060/2023, del 31 de julio de 2023, que rechazó que el proceso judicial se inicia a través de solo una convocatoria y un reglamento, cuando debería ser por una norma específica.

El entonces presidente del TCP, Paul Enrique Franco Zamora, defendió la determinación en sentido que ese cuerpo judicial “viene desarrollando sus funciones con absoluta responsabilidad e independencia y está promoviendo en el marco del Estado Social de Derecho, la participación por dos tercios de votos de los y las asambleístas, para garantizar un sistema ampliamente participativo con debate hacia la construcción del Sistema de Justicia que todas y todos anhelamos, donde las mayorías y las minorías sean escuchadas para desarrollar un proceso de preselección y posterior elección mediante voto popular”. La Asamblea Legislativa Plurinacional inició el martes 20 de febrero el proceso de preselección de candidatos a cargos de altas autoridades judiciales, así como de magistradas y magistrados del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental, además de los miembros del Consejo de la Magistratura. Todo ese trabajo de preselección de los aspirantes al Órgano judicial tenía un plazo máximo de 230 días para su conclusión.