Las recientes elecciones judiciales en Bolivia, llevadas a cabo el 15 de diciembre, marcaron un cambio significativo respecto a los comicios anteriores, con un aumento notable de votos válidos (64,29%) frente a los votos blancos y nulos (35%). Este proceso, destinado a renovar parcialmente las autoridades del sistema judicial, tiene implicancias profundas para la justicia y la democracia en el país. Si bien las elecciones buscan afianzar un sistema más participativo, persisten dudas sobre su efectividad para garantizar una verdadera independencia judicial y superar la desconfianza ciudadana.

Para analizar este complejo escenario, se realizaron entrevistas con expertos y actores clave. Gustavo Pedraza, abogado y excandidato a vicepresidente, y Vladimir Peña, analista político y exsecretario de Gobierno de Santa Cruz, compartieron sus perspectivas para Animal Político, de La Razón. Por su parte, Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral; Armando Ortuño, economista y analista político; y Antonio Costas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, ofrecieron sus opiniones en el programa Piedra, Papel y Tinta, conducido por Claudia Benavente, directora de La Razón. Estas perspectivas aportan un análisis integral desde diferentes ángulos del proceso electoral y sus consecuencias.

A pesar de sus diferencias de enfoque, los entrevistados coinciden en varios puntos clave. Todos resaltaron la importancia de realizar reformas profundas al sistema judicial y electoral, subrayando que los problemas estructurales persisten más allá de los resultados de estas elecciones. Asimismo, enfatizaron la necesidad de garantizar la independencia del sistema judicial, blindar las instituciones de influencias externas y fortalecer la participación ciudadana para avanzar hacia una democracia más sólida y transparente.

Un proceso con desconfianzas

Gustavo Pedraza, abogado y excandidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana, señaló que la jornada comenzó con un clima de «desinterés, desorientación y desesperanza». Según Pedraza, estos sentimientos son reflejo de la desconfianza generada por un proceso electoral manipulado y prorrogado injustificadamente. «La gente ha llegado con la idea de votar nulo o blanco, sin conocer a los candidatos», explicó. Pedraza atribuye esta situación a un proceso preelectoral que consideró profundamente manipulado: «Se han suspendido elecciones en cinco departamentos para el Tribunal Constitucional, lo que ha generado mucha desconfianza en la ciudadanía».

A pesar de este panorama, Pedraza destacó la importancia de no abandonar los espacios democráticos: «No tiene mucho sentido votar nulo o blanco porque hay personas en las candidaturas que, pese a toda la manipulación, han hecho el esfuerzo por participar». Subrayó que estas elecciones pueden representar «avances pequeños pero emblemáticos» que podrían abrir caminos para transformar el sistema judicial boliviano. «Pueden darse resultados interesantes respecto al apoyo de la ciudadanía a candidaturas no oficialistas», añadió.

El abogado enfatizó que el sistema de elección popular de magistrados ha demostrado ser ineficiente. «Tres elecciones nos han mostrado con claridad que el voto popular no es el mejor camino para elegir magistrados. Este método ha sido un fracaso porque, además de la politización, permite la manipulación por parte del partido de gobierno», sostuvo. Pedraza abogó por una reforma judicial integral: «No hay democracia ni ejercicio de derechos si no hay un sistema judicial independiente con gente idónea».

Finalmente, Pedraza destacó que el rol político del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es uno de los problemas más graves que persisten. «El TCP ha venido a ser, en los últimos años, el principal instrumento de manipulación política que tiene el gobierno. Esto es realmente grosero», denunció, advirtiendo que mientras el TCP continúe bajo control político, los cambios significativos serán limitados.

Las judiciales como formalidad

Vladimir Peña, analista político y exsecretario de Gobierno de Santa Cruz, fue crítico respecto al impacto real de estas elecciones. «Se cumplió una formalidad constitucional, pero deja un precedente nefasto que sea una elección parcial», sostuvo. Para Peña, este escenario no solo pone en evidencia un incumplimiento de los principios democráticos, sino que perpetúa una estructura judicial subordinada al poder político. «Mantener a magistrados prorrogados es un engaño al pueblo boliviano», aseguró, resaltando que esta situación refleja la desinformación y manipulación con las que se manejó el proceso electoral.

Peña consideró que el impacto de las elecciones será limitado, ya que no se renovaron todas las bancas del Tribunal Constitucional, dejando a varios magistrados prorrogados con una influencia dominante. «Esto significa que el principal tribunal del país seguirá siendo un instrumento de control político», afirmó. Según el analista, el Tribunal Constitucional ha operado más como un «superpoder» que como un órgano imparcial, interviniendo en decisiones que van más allá de su jurisdicción.

Respecto a las reformas necesarias, Peña sostuvo que «la justicia no se resuelve solo con elecciones» y que el voto popular para elegir magistrados ha incrementado la politización de la justicia. «La discusión debe centrarse en cómo garantizar la independencia y la imparcialidad. No hay democracia si los jueces responden a intereses partidarios», subrayó. También mencionó que el presupuesto limitado del sistema judicial y la falta de incentivos para atraer a profesionales competentes son factores que perpetúan la crisis.

Peña advirtió que el actual panorama podría sentar un peligroso precedente para los futuros procesos electorales en Bolivia. «La mutilación de estas elecciones y la falta de renovación completa del Tribunal Constitucional establecen una vulneración de la democracia. Esto no debe repetirse», concluyó, instando a los actores políticos a promover un debate serio sobre una reforma judicial estructural.

Organización electoral y participación

Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), destacó la alta participación ciudadana (82%) y el compromiso cívico demostrado en la jornada. Vargas calificó el proceso como pacífico y subrayó la transparencia del sistema electoral boliviano, que involucra a ciudadanos como jurados electorales. «Nuestro sistema es seguro porque permite un control social directo y la observación ciudadana», afirmó.

Sin embargo, Vargas reconoció que la organización eficiente del proceso no está exenta de retos. Uno de los mayores desafíos, explicó, es la desconfianza que persiste en la ciudadanía debido a decisiones externas al órgano electoral, como las del Tribunal Constitucional. «El retraso en el calendario electoral y las prórrogas de autoridades judiciales no ayudan a consolidar la credibilidad en las instituciones», señaló. Según Vargas, estas interrupciones afectan la percepción de transparencia en el sistema, a pesar de los esfuerzos por garantizar procesos seguros.

Vargas resaltó el papel fundamental de los jurados electorales, ciudadanos comunes que asumen esta responsabilidad por un día. «Son ellos quienes administran las mesas de sufragio y garantizan el respeto a la voluntad popular. Su trabajo refleja el compromiso cívico que caracteriza a nuestro sistema», señaló. Además, destacó que los mecanismos de control, como la posibilidad de fotografiar actas y hojas de trabajo, fortalecen la transparencia del proceso.

No obstante, también reconoció que persisten aspectos a mejorar. «El órgano electoral necesita más recursos para modernizar sus procedimientos y garantizar mayor agilidad en la transmisión de resultados preliminares», afirmó. Asimismo, Vargas subrayó la importancia de blindar al órgano electoral de injerencias políticas y judiciales. «El principio de preclusión debe respetarse. No podemos permitir que decisiones externas interfieran con el calendario electoral», advirtió.

Vargas llamó a los actores políticos y a la ciudadanía a valorar los avances logrados, pero también a trabajar juntos para superar los retos pendientes. «El éxito de un proceso electoral no depende solo del órgano electoral, sino de un compromiso colectivo por fortalecer la democracia», aseveró.

Impacto de las elecciones y expectativas

Armando Ortuño, economista y analista político, resaltó el civismo demostrado por los bolivianos en esta elección. «A pesar de las controversias y los cuestionamientos, los ciudadanos mostraron un compromiso notable, evidenciando que aún hay esperanza en los procesos democráticos», afirmó. Según Ortuño, un aspecto destacable fue la participación activa de los votantes, muchos de los cuales llegaron informados y con una clara intención de ejercer su derecho cívico. «Es algo positivo ver que la ciudadanía buscó alternativas y decidió participar en lugar de resignarse», subrayó.

Sin embargo, Ortuño también expresó serias preocupaciones sobre el impacto de las interferencias judiciales en futuros procesos electorales. «La creciente manipulación judicial es un problema estructural que pone en riesgo la democracia», advirtió, refiriéndose a casos recientes en los que el sistema judicial ha tomado decisiones que afectan la transparencia y equidad electoral. «Es crucial que los actores políticos tomen medidas para garantizar elecciones libres y transparentes en 2025», insistió.

El economista destacó la necesidad de un acuerdo político amplio que proteja al Tribunal Supremo Electoral y establezca reglas claras para evitar nuevas irregularidades. «Si no se toman acciones concretas, podríamos enfrentar un escenario similar al de países donde las elecciones se han visto socavadas por decisiones judiciales cuestionables», alertó.

A pesar de los desafíos, Ortuño enfatizó la importancia de mantener la fe en los procesos democráticos. «Lo que vimos en estas elecciones es un reflejo del potencial ciudadano para resistir las adversidades y buscar cambios significativos», afirmó. En su opinión, la clave estará en construir consensos y trabajar en reformas estructurales que fortalezcan la institucionalidad y garanticen la independencia del sistema judicial. «La ciudadanía ya ha demostrado que está dispuesta a participar; ahora le corresponde a los líderes políticos estar a la altura», afirmó.

Elecciones, acción y la responsabilidad política

Antonio Costas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hizo un firme llamado a actuar con responsabilidad y promover reformas urgentes en el sistema judicial y electoral de Bolivia. «La instrumentalización del tribunal tiene consecuencias corrosivas para la democracia», afirmó, destacando cómo el control político sobre el Tribunal Constitucional ha debilitado la institucionalidad del país. Para Costas, el mantenimiento de magistrados prorrogados es «una aberración jurídica que perpetúa la inestabilidad y la desconfianza ciudadana».

Costas resaltó la importancia de cesar a los magistrados prorrogados e iniciar un proceso para renovar por completo las autoridades judiciales. «Es necesario convocar a nuevas elecciones para garantizar un sistema judicial que esté al servicio de la ciudadanía y no de intereses políticos», subrayó. Además, enfatizó que las elecciones parciales realizadas en 2024 han demostrado ser insuficientes para resolver los problemas estructurales de la justicia boliviana.

El expresidente del TSE también llamó la atención sobre la falta de voluntad política para abordar las reformas necesarias. «No basta con señalar los problemas; es momento de actuar. Necesitamos un consenso político que permita reconstruir la institucionalidad desde sus cimientos», aseguró. En este sentido, Costas planteó que una de las prioridades debe ser garantizar la independencia del sistema judicial mediante una revisión profunda del marco normativo actual.

«El desafío no es solo técnico o jurídico, sino también ético y político. Los líderes deben demostrar que están dispuestos a poner los intereses del país por encima de sus agendas partidarias», declaró. Asimismo, destacó que la participación activa de la ciudadanía en las elecciones refleja un deseo de cambio que no puede ser ignorado. «La sociedad boliviana ha mostrado que está lista para defender la democracia; ahora es el turno de sus líderes de estar a la altura de ese compromiso», concluyó.