La oposición, a través del senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortíz, anunció ayer que se elevará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Lo que vamos a hacer es…presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este fallo como prueba del golpe a la Constitución, que ya se ha consumado”, afirmó.

Al rechazo se sumaron movilizaciones. En Santa Cruz quisieron tomar las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED), en tanto que en La Paz hubo una protesta en plaza Murillo y otra en puertas de la Vicepresidencia.

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El ministro de Justicia, Héctor Arce, cuestionó la violencia en las protestas, pero reivindicó el derecho a la movilización en el marco del respeto a las normas legales vigentes al igual que la posibilidad de que la oposición o cualquier ciudadano lleven el fallo constitucional a diferentes instancias internacionales.

“Tienen todo el derecho de utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales que la ley les confiere, y nosotros como Gobierno, como Estado, tendremos que mostrar la verdad a la luz del derecho, a la luz de los procedimientos que están establecidos en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó en una entrevista en la red Unitel.

Uno de los argumentos de la estrategia jurídica de la oposición es que no puede ser “manoseada” la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El artículo relacionado con el derecho de ser elegido y elegir es base del recurso presentado por el oficialismo y que el TCP tomó en cuenta como derecho preferente ante las limitaciones a las repostulaciones, que fijaba la Constitución Política del Estado.

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“Más bien invitamos (a la oposición) a utilizar los mecanismos de la democracia y la justicia y no de la rebelión, de la violencia, del desacato, ni la convocatoria al voto nulo (en las elecciones judiciales del domingo)”, expresó Arce e insistió en que los magistrados del TCP no tenían otro camino que habilitar la repostulación ante la jurisprudencia y el derecho preferente.

También aseguró que jurídicamente el fallo y el resultado del referéndum del 21 de febrero, cuando ganó el No a la repostulación de Morales, son distintos y no tienen relación. (30/11/2017)