El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que las elecciones generales de Bolivia están previstas para el 10 de agosto de 2025, mientras insta a la Asamblea Legislativa a aprobar la ley de distribución de escaños basada en el censo de población, y a los actores políticos a comprometerse con un proceso electoral limpio y transparente.  

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, explicó que la convocatoria oficial se realizará en abril y que la fecha del 10 de agosto fue definida considerando posibles contingencias, como la repetición de votación en mesas anuladas, así como una eventual segunda vuelta electoral.  

“La elección general está prevista para el 10 de agosto porque, en caso de mesas anuladas, la repetición debe hacerse a los 15 días, es decir, a finales de agosto. Además, si ninguna candidatura alcanza el 50% más uno de los votos válidos o el 40% con una diferencia de al menos 10 puntos, la segunda vuelta debe realizarse en octubre, cumpliendo con el mandato constitucional”, detalló Hassenteufel según ABI.  

Asimismo, enfatizó que la aprobación de la ley de distribución de escaños, basada en los datos del Censo Nacional de 2024, es indispensable para cumplir con el cronograma electoral. “Instamos a la Asamblea Legislativa a aprobar esta ley como máximo hasta los primeros días de enero de 2025. Si esto se retrasa, el TSE deberá trabajar a un ritmo acelerado, lo que podría complicar los preparativos, aunque descartamos que se ponga en riesgo la fecha de las elecciones”, advirtió.  

El proyecto remitido por el TSE en octubre propone que Santa Cruz, el departamento más poblado, pase de 28 a 29 curules en la Cámara de Diputados, mientras Chuquisaca disminuiría de 10 a 9. No habrá cambios en los demás departamentos: La Paz mantendría 29, Cochabamba 19, Potosí 13, Oruro 9, Tarija 9, Beni 8 y Pando 5.  

Por su parte, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, destacó a EFE la necesidad de “blindar” el sistema electoral para evitar problemas como los ocurridos en las elecciones judiciales, afectadas por constantes recursos judiciales. “Es necesario un gran acuerdo nacional para garantizar elecciones limpias, justas y transparentes en 2025. Presentaremos un proyecto de ley que respalde el principio de preclusión, fundamental para brindar seguridad jurídica a los electores y candidatos”, afirmó Vargas.  

El principio de preclusión, que garantiza la irreversibilidad de las etapas del proceso electoral, será una de las prioridades del TSE en 2025, según Vargas. “Bolivia ha sido un país muy polarizado en los últimos años. Blindar el sistema democrático requiere el respaldo de todos los actores políticos, especialmente de los candidatos y candidatas”, añadió.  

Finalmente, Hassenteufel aseguró que el TSE agotará todos los esfuerzos para garantizar que las elecciones generales se realicen conforme al cronograma establecido, destacando el compromiso institucional con un proceso transparente y eficiente.

BD/RED