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Mediante una ley, elecciones judiciales restantes podrían realizarse con las generales de 2025

Medio: La Razón

Fecha de la publicación: viernes 13 de diciembre de 2024

Categoría: Procesos electorales

Subcategoría: Elecciones judiciales

Dirección Web: Visitar Sitio Web

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La senadora Silvia Salame sugirió que las elecciones judiciales faltantes, correspondientes a los magistrados no incluidos en el proceso parcial del 15 de diciembre, podrían llevarse a cabo junto con las elecciones generales de 2025.


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La senadora Silvia Salame sugirió que las elecciones judiciales faltantes, correspondientes a los magistrados no incluidos en el proceso parcial del 15 de diciembre, podrían llevarse a cabo junto con las elecciones generales de 2025.

La propuesta surge tras la sentencia 0777/2024-S4 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que validó la parcialización de las elecciones judiciales y advirtió sobre sanciones en caso de desacato.

Según Salame, este planteamiento depende de los recursos asignados por el Estado y de una normativa específica que permita compatibilizar ambos procesos.

“Lo óptimo sería que la primera semana o la segunda semana de enero, nosotros saquemos una ley, se haga una convocatoria y se haga de inmediato. Pero esto tiene que compatibilizarse con el Misterio de Economía. Y si no existen recursos económicos, tendríamos que recurrir a que se haga en forma conjunta con las elecciones de presidente, las elecciones nacionales”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

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Hace unas semanas, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, ya había afirmado que con una ley aprobada por la Asamblea Legislativa se podría establecer la realización de las elecciones restantes optimizando recursos junto con las generales de 2025.

Salame explicó que la ley no prohíbe que las elecciones judiciales se realicen conjuntamente con las nacionales. Sino que la única restricción aplica para otros procesos, como “referendos municipales”.

En las elecciones del domingo solo serán elegidas 19 de las 26 autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional y dejarán en funciones a magistrados prorrogados.

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