Organizaciones de mujeres en Bolivia, conjuntamente la red Coordinadora de la Mujer, demandan al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres autoridades, ante el persistente acoso y violencia política contra ellas, particularmente en el municipio de Sacaba, Cochabamba, donde concejalas denuncian presiones, amenazas e incluso que se les adeuda seis meses de salario, según un comunicado.

A continuación, el comunicado de la Coordinadora de la Mujer

El conflicto se intensificó tras declaraciones realizadas por autoridades del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba en un evento público realizado el pasado 29 de mayo (https://lc.cx/C3wzAJ).

Allí, el vocal Humberto Valenzuela alentó el cumplimiento de acuerdos de “gestión compartida” entre concejalas titulares y sus suplentes, afirmando que “hay autoridades, que cuando estaban en campaña, firmaron documentos, han suscrito acuerdos y se han comprometido a estar en funciones durante la mitad de la gestión, o por cierto tiempo, y por moral, por disciplina partidaria, por ética, deben cumplir con sus compromisos”. En tanto, Tito Rodríguez (fallecido) dijo “(…) censuramos a aquellas personas que en política no cumplan sus compromisos”.

Estas declaraciones, lejos de garantizar derechos, perpetúan la violencia política y normalizan prácticas ilegales, denuncian las organizaciones. Una práctica ilegal que afecta a las mujeres autoridades Los denominados acuerdos de “gestión compartida” son una práctica extendida en la política boliviana, que obliga a concejalas y concejales titulares a renunciar a sus cargos para cederlos a sus suplentes antes de completar su mandato, violando lo establecido en la Constitución Política del Estado, que establece claramente que la gestión de las autoridades electas es de cinco años.

Demandas urgentes al OEP

Ante estos hechos las organizaciones de mujeres y la Coordinadora de la Mujer han hecho llegar una carta al OEP exigiendo lo siguiente: dar cumplimiento a la normativa vigente y rechazar públicamente cualquier práctica que limite los derechos políticos de las mujeres, como los acuerdos de “gestión compartida”.