Un poco más de 7.3 millones de votantes están habilitados para acudir a las urnas este domingo 15 de diciembre, comicios en los que se elegirán a magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Lo llamativo de estas elecciones judiciales es que se elegirá a solo 19 de las 26 autoridades, debido a que el TCP determinó que los comicios sean parciales en algunos departamentos del país, debido a impugnaciones de expostulantes que argumentaron que se había vulnerado sus derechos en la etapa de preselección que realizó la Asamblea Legislativa.

Para recibir el voto de los más de 7.3 millones de electores, el Tribunal Supremo Electoral habilitó el funcionamiento de 33.019 mesas de sufragio y movilizará a 230.000 jurados electorales.

Los ciudadanos habilitados para estos comicios tienen el deber de acudir a las urnas, en una jornada que se iniciará a las 08.00 de este domingo 15 de diciembre; caso contrario, podrían ser sancionados con 250  bolivianos, “debido a que el voto es obligatorio”, señaló el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe.

Empero, es importante que la población acuda a las urnas, no por el temor a las sanciones económicas, sino porque su voto cuenta para elegir a los profesionales (hombres y mujeres) idóneos que tendrán la responsabilidad de proponer y llevar adelante la reestructuración del sistema judicial, una demanda de los diferentes sectores de la sociedad.

Una vez que se elija a los nuevos magistrados, estos deberán trabajar para cambiar desde las bases el sistema de justicia, que en los últimos años ha sido cuestionado por oficialistas y opositores, además de una infinidad de sectores sociales e instituciones del país.

Lo que deben tener claro los magistrados que vayan a ser elegidos este domingo, cuyos resultados se conocerán en unos 7 días, es que deben trabajar para mejorar la justicia y no responder a ninguna consigna política ni a intereses sectoriales.

La nueva justicia debe dejar de lado cualquier injerencia por parte de otros órganos del Estado, como del Ejecutivo, y basar todas sus determinaciones en lo que señalan las leyes, sin tomar en cuenta la posición social, económica o de poder que puedan tener algunas personas.

Para que las elecciones judiciales se realicen de la manera más tranquila posible, el Gobierno dispuso el despliegue de al menos 10.000 policías en todo el territorio nacional, excepto en el Trópico de Cochabamba, región en la que las Fuerzas Armadas coadyuvarán con la seguridad durante la jornada electoral.

El ciudadano debe acatar las instructivas del auto de buen gobierno que disponen las gobernaciones, con el fin de que las elecciones judiciales no tropiecen con dificultades y se pueda designar a quienes tendrán la tarea de mejorar desde los cimientos la justicia en Bolivia.