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La senadora de Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, ha presentado un proyecto de ley que busca modificar el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta propuesta permitiría que este órgano opere con solo 4 magistrados en lugar de los 9 que están establecidos actualmente.

La iniciativa de Salame surge en un contexto de incertidumbre debido a las próximas Elecciones Judiciales, programadas para el 15 de diciembre. En estas elecciones, más de 7,3 millones de bolivianos están convocados para renovar a las máximas autoridades judiciales del país.

Preocupaciones sobre la coexistencia

La senadora ha expresado su preocupación sobre la coexistencia entre los actuales magistrados prorrogados y los nuevos elegidos. Advierte que esta situación podría viciar de nulidad al nuevo Tribunal. La renovación del TCP y otros órganos judiciales debía llevarse a cabo hace un año, ya que el mandato actual fenecía a finales de diciembre de 2023.

Sin embargo, este proceso electoral se ha visto frenado parcialmente debido a problemas en la Asamblea Legislativa y a una reciente determinación del TCP. De los 9 magistrados que componen esta instancia, solo 4 serán elegidos, dejando un vacío en los otros 5 puestos.

Detalles del proyecto de ley

El proyecto presentado por Salame establece que el TCP podrá funcionar con 4 magistrados. Además, contempla la creación de una sala liquidadora que estará compuesta por los suplentes, quienes se encargarán de abordar todos los casos que se conocen antes del año 2023.

La senadora espera que esta propuesta sea aprobada en el Senado antes del domingo. Enfatiza la necesidad urgente de tratar este tema directamente en la Asamblea Legislativa, afirmando: «No puede operar un Órgano conjunto entre los prorrogados y los nuevos elegidos».

Contexto electoral y judicial

Este contexto se presenta en una tercera ocasión en la que los ciudadanos podrán elegir sus autoridades judiciales. Este proceso ha estado marcado por constantes injerencias políticas que han retrasado su realización.

Expertos advierten sobre las implicaciones legales y operativas que podría tener esta modificación en la estructura del TCP. Sugieren que reducir el número de magistrados podría afectar tanto la calidad como la celeridad en la resolución de casos.

Consecuencias de la reforma

Las consecuencias potenciales de esta reforma son significativas. Si se aprueba, se espera garantizar un funcionamiento más ágil del Tribunal Constitucional. Sin embargo, también existe preocupación sobre cómo esto impactará en la independencia judicial y en la percepción pública sobre su legitimidad.

En resumen, mientras Bolivia se prepara para unas elecciones cruciales bajo condiciones inciertas y tensiones políticas palpables, el futuro del sistema judicial nacional depende no solo del voto popular, sino también de decisiones legislativas clave como la propuesta presentada por Silvia Salame.